El Código Penal español de 1995 recoge en su artículo 370.1 un tipo agravado del delito de tráfico de drogas que castiga la utilización de «menores o disminuidos psíquicos» en las actividades propias de este delito. En esta investigación se presenta un análisis jurisprudencial para determinar si en estos supuestos se están protegiendo los derechos de los adolescentes y qué criterios utiliza el órgano juzgador para determinar la implicación del menor consiente o inconsciente en el hecho delictivo. La metodología que se ha utilizado en esta investigación ha consistido en un estudio de casos múltiple a partir de veinte sentencias de distintos órganos judiciales. Al final de esta exposición, se plantea una propuesta de Política Criminal encaminada a proteger los derechos de los menores de una forma más eficaz, realizando, por ejemplo, periciales para determinar su capacidad de entendimiento y su grado de participación en el delito.
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