El Juez debe analizar cuál es el balance jurídico-político que existe en el Ordenamiento Jurídico, y que le impone el régimen constitucional vigente, para determinar si la actuación de las Administraciones Públicas se ajusta a Derecho, o no. De esta forma, se podría garantizar un funcionamiento eficaz y adecuado del Estado de Derecho, evitando un desbalance desproporcionado entre los órganos constitucionales; sólo así, podría cada órgano constitucional llevar a cabo, correctamente, la función que le había atribuido la norma constitucional aplicable. Por lo tanto, se evitará un debilitamiento improcedente del Poder Ejecutivo y no se caerá en activismo judicial.
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