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El local de los representantes de los trabajadores

  • Autores: Jorge Torrents Margalef
  • Directores de la Tesis: Fernando Valdés Dal-Ré (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2016
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Joaquín García Murcia (presid.), Tebelia Huertas Bartolomé (secret.), Ángel Antonio Blasco Pellicer (voc.), María Luisa Molero Marañón (voc.), Juan Manuel Ramírez Martínez (voc.)
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  • Resumen
    • El objetivo de estudio de la presente tesis es el derecho de los representantes de los trabajadores y de los funcionarios, así como de las secciones sindicales, a disponer de un local adecuado que permita el ejercicio de sus funciones representativas. El objetivo general es averiguar cuáles son las consecuencias jurídicas vinculadas al hecho de que un mismo derecho esté sometido a distintas regulaciones legales en función de quién sea su titular, a pesar de que puede, y suele ocurrir, que el espacio que comparten todos ellos sea físicamente el mismo. Las dos principales hipótesis especificas de partida son: a) las respectivas formulaciones legales del derecho tienen un elevado componente de indeterminación, por lo que la interpretación de los tribunales tiene que devenir clave para que su ejercicio sea efectivo; b) las distintas regulaciones legales implican también diferentes vías de reclamación y protección del derecho, lo que probablemente llevará a soluciones dispares. La metodología empleada ha consistido en la observación, descripción, análisis y valoración critica del objeto del estudio. Para ello, se ha recurrido a dos técnicas especificas de la ciencias jurídicas: 1) la de análisis de legislación, aplicando el método histórico y el método analógico; 2) la técnica legislativa, dedica a la modificación y elaboración tanto de las disposiciones legislativas como de las doctrinas jurisprudencias. Además de los dos métodos clásicos citados, se ha hecho uso de otros métodos generales que son trasladables a la investigación jurídica, como el discursivo, el sistemático, el deductivo, el inductivo, el fenomenológico e incluso el intuitivo. En la base del desarrollo de la actividad investigadora se encuentra el análisis de la doctrina científica así como de las resoluciones de los órganos judiciales. La literatura consultada está compuesta fundamentalmente por las más de 230 obras que constan en la bibliografía citada. La doctrina judicial se ha obtenido con el análisis pormenorizado de más de 400 sentencias. Los resultados obtenidos se describen en cada uno de los cinco capítulos de la tesis. El primero de ellos se centra en el local al que tienen derecho los representantes unitarios de los trabajadores. Se ha comprobado que buena parte de la indeterminación que contiene la regulación legal encuentra sus raíces en la génesis parlamentaria de la norma. En particular, se traduce en una indefinición en la obligación empresarial de cesión del local. El segundo capítulo es el más extenso, y se debe a la conflictividad surgida en torno el derecho de las secciones sindicales a disponer de un local para desarrollar su actividad sindical. Se han descubierto tres implicaciones de transcendencia. La primera, que el Tribunal Supremo ha elaborado una particular doctrina sobre el contenido ¿histórico¿ de la libertad sindical, para lograr que el proceso especial de tutela judicial quede diferenciado de lo que es el objetivo del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La segunda, que los tribunales han forjado una interpretación particular sobre el requisito de la presencia de la sección sindical en el Comité de empresa, que se basa en un reglamento y que no está prevista en la Ley reguladora de la Libertad Sindical. La tercera, que, sobre el requisito de la superación de 250 trabajadores para que los sindicatos tengan derecho a disponer de un local en la empresa, ha habido recientemente una rectificación de la doctrina del Tribunal Supremo, dejando atrás una visión restrictiva de la cuestión. En el capítulo tercero se ha descubierto que el Estatuto Básico del Empleado público aporta relevantes novedades con respecto a la regulación anterior aplicable a los representantes de los funcionarios.Sin embargo, esta ley ha sufrido importantes y repetidos cambios desde 2012, como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis económica.


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