Datos personales y administración pública

Las Administraciones públicas son las mayores detentadoras de información, una parte muy importante de la cual está relacionada con personas determinadas, y protegida por el denominado 'derecho a la protección de datos'. Este derecho, sin embargo, se enfrenta a una curiosa paradoja, ya que nació como barrera a la acumulación de datos personales por la Administración, pero en la actualidad los mayores riesgos para su efectividad provienen de los tratamientos privados. Ello explica que la normativa que lo desarrolla parezca ideada, principalmente, para regular este segundo tipo de tratamientos, cuyos presupuestos distan de los efectuados por Administraciones Públicas que están al servicio del ciudadano, y, respecto de las cuales, un flujo informativo de información personal es presupuesto para la eficaz persecución de los intereses generales. Por ello, los principios y facultades que integran el contenido del derecho a la protección de datos cuentan con un alto número de excepciones y matizaciones, de modo que elementos claves como el consentimiento, la cancelación o el propio régimen sancionador tienen un juego muy reducido en el caso de los ficheros públicos. Asimismo, es necesario armonizar la protección de datos con el principio de publicidad de la actividad administrativa, cuestión que se aborda con especial atención en la obra que ahora presentamos.

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