Como herramienta de la democracia, la protesta social es inherente a la libertad de expresión. En Argentina, además, es un derecho constitucional que refleja una larga tradición política y cultural del país. En consecuencia, el periodismo y la comunicacióntienen una tarea muy relevante a la hora de narrar y explicar la complejidad de cada acción pública colectiva. Sin embargo, entre 2015 y 2019, la alianza de un sector importante de la prensa con el gobierno de Mauricio Macri eludió su responsabilidad con el objetivo de deslegitimar la protesta social y favorecer la aceptación social de la represión de las fuerzas de seguridad. De este modo, conforme se iba agudizando la situación económica y social de la población, con su consecuente correlato en la movilización callejera, los medios de comunicación desarrollaron diversas estrategias de deslegitimación de la protesta social: la invisibilización y criminalización; la relativización de la masividad y el énfasis en la presencia de minorías violentas y la represión a fotógrafos. Acumuladas en el tiempo, estas estrategias informativas constituyeron una verdadera pedagogía de la deslegitimación para las audiencias que consumen estos contenidos diariamente.
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