El sector público ha recurrido tradicionalmente al sector privado con el objetivo de realizar proyectos de interés general, articulando dichas colaboraciones a través de distintos instrumentos jurídicos. En concreto, la colaboración público-privada de tipo contractual ha sido objeto de una notable evolución desde sus orígenes, positivizada en las distintas disposiciones de carácter normativo. En la actualidad, la contratación pública se concibe como una herramienta al servicio del sector público para el cumplimiento efectivo de sus fines.El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis sobre la viabilidad jurídica de utilizar la contabilidad social como herramienta para evaluar el retorno social generado por las empresas –el sector privado– en el desarrollo de los contratos del sector público. Esta herramienta, de igual manera, pretende visibilizar el valor generado por las empresas de economía social, en coherencia con el fomento que pretende la propia Ley de Contratos del Sector Público.
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