Nos proponemos efectuar una revisión puntual sobre las bases constitucionalesde nuestro sistema de Seguridad Social y los condicionantes que introducen sobrelas posibilidades regulatorias del legislador ordinario. Más concretamente, noscentraremos en la proyección que el deber trabajar, art. 35.1 CE´78, tiene sobrela configuración del sistema de protección social. Defenderemos, con base enalgunos pronunciamientos doctrinales, que esta cláusula constitucional impide darcobertura prestacional a la ociosidad libremente asumida. A partir de esta premisa,depositaremos nuestra atención en la regulación de la protección por desempleopara comprobar la importancia que el compromiso -o acuerdo- de actividad tiene ala hora de asegurar la adecuación de esta prestación a la previsión constitucional delart. 35.1 CE´78. Nos acercaremos a la novación que dicha figura ha experimentadoa través de la Ley 3/2023 de empleo y nos preguntaremos sobre el margen dediscrecionalidad con el que cuenta el legislador a la hora de regularla. Tomamos estareforma como ejemplo para exhibir hasta qué punto las modificaciones legislativaspuntuales y de apariencia meramente técnica pueden tener una significanciadogmática relevante, en el caso que analizamos, a la hora de ampliar los límitesconceptuales de nuestro sistema de protección social
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