En los últimos años se han perfilado nuevas facultades ejecutivas alternativas alos procedimientos de ejecución que eran tradicionales en nuestro ordenamiento y que, en sustancia, permiten la realización de garantías reales sin la intervención de una autoridad judicial o extrajudicial. La introducción de estos nuevos mecanismos ha sido obra del legislador para determinadas clases de garantías, pero ciertas decisiones judiciales y de la autoridad registraly notarial permiten apreciar que el sistema en su conjunto podría ser permeable al empleo de técnicas contractuales de realización de garantías alternativas a los procedimientos ejecutivos legalmente establecidos. Una realización ágil de los activos gravados abarataría los costes de endeudamiento y favorecería la competencia con financiadores de otros entornos jurídicos en los que la admisión de mecanismos alternativos de ejecución no es problemática, lo que también es beneficioso para el deudor. El objeto de este trabajo es examinar en qué medida la prohibición de pacto comisorio del artículo 1.859 del Código Civil es compatible con la admisión de técnicas contractuales alternativas de ejecución, cuáles serían los requisitos que las mismas deberían cumplir para no incurrir en la prohibición, así como las peculiaridades y exigencias que se plantearían para cada clase de bienes.
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