¿Utiliza la Administración la publicidad como un instrumento más que como un servicio público? ¿Son iguales el control y exigencias de los contratos públicos a los de los anunciantes privados? ¿Debería la Administración, como primer anunciante de España, innovar más y apostar por formatos menos convencionales? El COVID-19 y la guerra en Ucrania han tenido efectos en la comunicación institucional pausando o retrasando campañas y también en términos de estrategia. Y en las licitaciones públicas se sigue primando el precio sobre la estrategia.
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