Ciudad Real, España
Desde los primeros tiempos de la Codificación, el Derecho Penal español ha venido otorgando una especial consideración a la prestación de servicios a los ciudadanos por parte de la Administración que se ha traducido en una doble consecuencia juridicial la mayor exigencia y la mayor protección a la autoridad o funcionario publico que se recoge en los diferentes tipos penales precisamente por motivo del ejercicio de dicha función publica. Con el transcurso de los anos el principio se ha mantenido en nuestro ordenamiento jurídico pero las circunstancias han variado. En la actualidad, la diversificación de las competencias en materia de infraestructuras y transporte ferroviario, y el reparto de las mismas entre el Ministerio de Fomento y organismos y empresas, ha introducido nuevos elementos a tener en cuenta a la hora de mantener o reconsiderar las categorías tradicionales. En este trabajo se trata de estudiar la posible aplicación del concepto de autoridad o funcionario publico a algunos trabajadores de la Red Nacional de Ferrocarriles de España y, en consecuencia, los específicos márgenes de protección y exigencia a ellos asociados.
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