Con frecuencia los medios de comunicación y la clase política suelen emplear los datos que ofrece la Fiscalía General del Estado en sus Memorias anuales para ofrecer cuál es el volumen de la delincuencia del país. Sin embargo, la propia Fiscalía reconoce que, aunque conocer estos datos sobre la evolución de la delincuencia es de vital importancia para que el Estado se encuentre en condiciones de desarrollar una política criminal adecuada, los datos que se ofrecen por parte de la institución no hacen referencia exacta a la delincuencia real acontecida, sino más bien al volumen de trabajo que esa delincuencia real genera en la institución y por ello llaman a la cautela a la hora de la valoración de los resultados, ya que las estadísticas que ofrecen, sólo pueden ser validas como indicativas de una tendencia u orientación, marcando líneas de estabilidad o de cambio. Este sesgo detectado por la institución se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones en la literatura criminológica española indicando que los datos oficiales de la delincuencia en nuestro país arrastran de por sí mayores problemas que cualquier otra fuente de información oficial. Existen varios estudios que han analizado el problema y todos ellos concluyen que existen problemas de fiabilidad y validez sobre los mismos. De fiabilidad por sus errores metodológicos y de validez, porque no miden exactamente ‘delincuencia’ sino otra cosa, más bien actuaciones de las distintas instituciones. Por ello, es necesario profundizar en el proceso de producción de datos oficiales sobre la delincuencia para obtener una mejor comprensión del mismo, que posibilite el avance hacia una nueva forma de presentar esta información de manera más flexible, esto es, que se adapte a las demandas del momento, pero también más precisa y exacta en relación con lo que realmente es el hecho delictivo. En este trabajo se presentan los resultados de un análisis realizado por el Centro de Investigación en Criminología en el que se trata de ahondar en el proceso de producción de datos de la Fiscalía, valorando cuáles son los problemas de fiabilidad y validez que presentan, para poder plantear cuál es el alcance real que puede tener esta fuente de información a la hora de determinar el volumen de delincuencia del país. Para ello se analizaron en profundidad una muestra aleatoria de 1.111 expedientes incoados en la Fiscalía Provincial de Albacete.
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