Madrid, España
En mayo de 2018 se cumplió una década desde la entrada en vigor en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). La accesibilidad es uno de sus “principios generales”, constituyendo un derecho instrumental y una herramienta de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no faltan informes que señalan la accesibilidad como uno de los grandes fracasos de la política española en materia de discapacidad, apareciendo reiteradamente entre los ámbitos de aplicación de la Convención de 2006 más problemáticos en España. Aunque el modelo social constituyó una macroinnovación social en el campo de la discapacidad, con notable influencia en la configuración de este derecho y en la proyección del sistema de derechos de las personas con discapacidad hacia otros ámbitos (salud, empleo, educación, cultura, ocio, etc.), puede decirse, sin embargo, que el grado de aceptación social de dicha innovación ha sido escaso en España y no ha logrado imponerse como el modelo que oriente la comprensión social de la discapacidad. En buena parte por ello, aunque la Convención supone un cambio importante en el tratamiento de la discapacidad, los avances producidos en esta década en España, encaminados a completar el ordenamiento normativo de la accesibilidad universal han sido menos de los esperados. Por último, reflexionamos sobre la problemática de la implementación de la accesibilidad universal en el campo concreto de los nuevos desarrollos tecnológicos.
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