La disponibilidad de agua determina la capacidad de crecimiento económico del territorio. La regulación de los caudales hídricos ha sido estrategia esencial para garantizar el fomento del regadío, como primera necesidad, el abastecimiento urbano y el progreso industrial. La transferencia de energía eléctrica sin compensación económica ha generado un modelo de articulación territorial más desigual y desequilibrada. Las provincias menos desarrolladas y exportadoras deberían haberse beneficiado del efecto multiplicador del agua en la producción hidroeléctrica y las nucleares pero vieron relegado sus intereses a favor de las regiones/provincias más desarrolladas hacia donde se ha dirigido su consumo con la consiguiente mejora del PIB, la generación de empleo, el aumento demográfico y el peso político. Un modelo de articulación territorial más desigual, menos equilibrado y solidario necesitado de cambio.
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