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La difícil traslación a una política de gobierno de un acuerdo constitucional forzado: La UCD y su malograda LOECE de 1980

    1. [1] Universidad de Granada

      Universidad de Granada

      Granada, España

  • Localización: Historia y Memoria de la Educación, ISSN-e 2444-0043, Nº. 3, 2016 (Ejemplar dedicado a: Las leyes educativas de la democracia en España a examen (1978-2013)), págs. 45-70
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The difficult transformation of a forced constitutional agreement into actual government policy: The Democratic Centre Union and its defunct Law on the Statute of Schools (LOECE) of 1980
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Durante el franquismo, la enseñanza privada, casi toda de la Iglesia, había tenido un gran desarrollo frente a la enseñanza pública. Con la llegada de la democracia, los conservadores querían que las modificaciones fueran mínimas pero los progresistas pretendían cambios profundos. Por eso, la educación fue uno de los temas en los que resultó más difícil lograr el consenso en la Constitución de 1978. Para ello se redactó un artículo, el 27, en el que conservadores y progresistas habían introducido garantías para poder desarrollar políticas educativas acordes con su ideología.

      La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980 fue la primera ley que regulaba la educación de acuerdo con la Constitución. En esa ley, el gobierno de Adolfo Suárez, con el apoyo del partido de Manuel Fraga, Alianza Popular, de ideología conservadora, y los partidos nacionalistas regionales de derecha, impuso sus ideas en favor de la enseñanza privada; los grupos de izquierdas vieron rechazados sus planteamientos, formularon un recurso ante el Tribunal Constitucional y este anuló artículos importantes de la Ley.

      El consenso básico en la educación que se alcanzó en la Constitución no ha impedido el desacuerdo en su desarrollo. De ese modo, cuando cambia el gobierno hay nuevas leyes y políticas educativas.

    • English

      Under Franco’s Regime, private education, which was managed almost completely by the church, underwent considerable development in comparison to public education. With the arrival of democracy, the conservatives were willing to concede to some minimal changes, whereas the progressives had big reforms in mind. It is because of this that education was one of the most complicated topics to reach an agreement upon in the Constitution of 1978. In order to achieve a consensus, Article 27 was drafted in a way which allowed both conservatives and progressives to develop their educational policies in keeping with their ideology.

      The Law of Schools (LOECE) of 1980 was the first law regulating education in accordance with the Constitution. In passing this law, the Government of Adolfo Suarez, with the support of Manuel Fraga’s conservative party, Alianza Popular, and the regional nationalist right-wing parties, imposed its ideology favouring private education. When the groups from the left saw their proposals rejected they filed a complaint before the Constitutional Court, which in fact declared void some of the most important articles contained in the law.

      The basic consensus achieved during the drafting of the Constitution has not prevented important disagreements from arising afterwards. As a result, with every change of government there is also a change in the laws and in the way educational policies are developed.


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