La integración de las TIC en las aulas no está obteniendo los resultados esperados porque la política educativa en materia TIC adopta dos enfoques extremos, que se evidencian como insuficientes. Por un parte, una política educativa «macro», diseñada y orientada por los ministerios o consejerías de educación que está basada en (a) la adquisición de infraestructuras TIC, según las tendencias marcadas por la industria (aulas de ordenadores, portátiles, pizarras electrónicas, tablets) y (b) planes de formación del profesorado de carácter técnico y descontextualizados de las necesidades del centro escolar. Por otra, una política educativa «micro»: desarrollada por profesores innovadores, amantes de las nuevas tecnologías, basada en el autoaprendizaje, no comunicada ni compartida, con exigencias de grandes esfuerzos personales, con escasa valoración por parte de la administración educativa, con graves carencias de apoyo técnico y con resultados académicos de los que no existen suficientes evidencias científicas. Entre ambas tendencias deberíamos considerar dos estrategias: (1) Integrar la investigación educativa en la toma de decisiones de las políticas TIC, mediante un proceso a largo plazo de comunicación eficaz a toda la ciudadanía de los resultados y evidencias científicas sobre tecnología educativa. (2) Desarrollar politicas educativas TIC por parte de los centros educativos, dotándoles de la autonomía necesaria para elaborar sus propios planes, asesorados por expertos, tomando decisiones en base a evidencias y apoyados por la administración educativa en su desarrollo.
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