Santiago de Compostela, España
A pesar de constituir infraestructuras vitales para habitar la ciudad, las infraestructuras de distribución eléctrica se sitúan más allá de la lógica de racionalización y control que impone el sistema de planificación urbanística.La obligación de las distribuidoras eléctricas de desarrollar la red existente en la ciudad ya construida se desdibuja en la legislación de los últimos años en España, lo cual se ve favorecido por la descoordinación entre las planificaciones eléctrica y urbanística. En este artículo se realiza un análisis de la situación actual desde una perspectiva jurídica y se presta especial atención a las consecuencias de la sustitución en la normativa sectorial eléctrica del concepto jurídico-técnico de acometida por la imprecisión y amplitud de la noción de extensión de red. La deriva normativa sitúaen una posición central el esfuerzo de la Jurisprudencia por circunscribir la capacidad de decisión de las distribuidoras mediante la delimitación de sus derechos y obligaciones. Las importantes sentencias del Tribunal Supremo de septiembre de 2014 ponen de relieve la tensión dialéctica entre la actividad normativa gubernamental y la interpretación jurisprudencial. En esencia, reafirman la obligación de las distribuidoras de desarrollar y redimensionar su red en consonancia con las previsiones urbanísticas en el suelo ya urbanizado asumiendo la financiación de lo que denominan “infraestructuras básicas”.
Despite electrical power infrastructure being of vital importance in inhabiting a city, it is actually beyond the logic and control an urban planning system normally dictates. The obligation on the part of the electrical companies of both developing and providing the grid with its proper dimensions is blurred with the recent legislation in Spain. This situation has been exacerbated owing to the mismatch between electrical and urban planning. In this paper, an analysis of the current situation is presented from a legal perspective. Special attention is paid to the consequences of the substitution of the legal concept of “supply connection” by some sort of inaccuracy when defining the notion ofgrid extension. The development in the regulations gives the precedent an essential role, since it sets some limits for the electrical companies by delimiting their rights and obligations. The important rulings of the Spanish Supreme Court of September, 2014 highlight the dialectical tensions between the Government’s regulations and the interpretation provided by the precedent. In particular, theserulings reassert the obligations on the part of the electricalcompanies of both designing the grid in accordance withurban planning and funding basic infrastructures placed onurban land.
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