Resumen de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico Social en la Provincia de Río Negro, Patagonia Argentina.
En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo denominado Sinopsis de Seguridad Ciudadana se puede leer "Más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por la violencia, los conflictos o los altos niveles de criminalidad y más de 526.000 personas mueren por año violentamente" (...) "En muchos países africanos, latinoamericanos y caribeños, por ejemplo, las instituciones de justicia y de seguridad están en crisis. La falta de seguridad se ha vuelto uno de los temas del desarrollo más importante a los que se enfrentan las personas en general" (PNUD, 2013). La encuesta de opinión publicada por Latinobarómetro (2013) y confeccionada en el año 2010 para Argentina, determina que la delincuencia-seguridad pública es el principal problema en el país para el 37 % de los encuestados y el 86 % no aprueba la forma que el gobierno trata el problema de la falta de seguridad. Para el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Victimización estimado para mayo del 2013 es: 38.2% de los hogares de Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses, 0.9 % por encima del registro de mayo de 2012 y 1.1 % por encima del valor observado en abril de 2013 (LICIP, 2013). En los últimos 30 años, Argentina ha recorrido una serie de relaciones turbulentas en lo político, social y económico, cuyas consecuencias más visibles fueron: inflación, desempleo, baja en los niveles educativos, aumento en la desigualdad, empobrecimiento de la clase media dentro de un proceso de globalización y liberalización comercial, gobiernos dictatoriales y privatizaciones escandalosas. La recuperación de la democracia luego de algunos años trajo mejoras en los indicadores y aplicación de un modelo de redistribución del ingreso pero no se ven reflejadas en los índices de seguridad. Golbert y Roca expresan: "A comienzos del milenio en un marco económico que había dejado atrás la convertibilidad, se puso en marcha un nuevo esquema de crecimiento que permitió la incorporación de trabajadores al mercado formal del trabajo. Las políticas públicas implementadas en estos años son también de un signo diferente a las del período anterior. Una activa política de fomento del empleo registrado es acompañada por una política social orientada a incluir en el sistema de la seguridad social a aquellos que, a lo largo de por lo menos las últimas tres décadas, fueron quedando en los márgenes" (2010: 150). Es de resaltar el impacto positivo de los programas de protección social de los últimos diez años, tanto en términos de distribución del ingreso como en incidencia sobre la pobreza donde alrededor de un 10% del PIB se distribuye a través de los mismos (Rofman y Oliveri, 2012). Las mismas premisas y afirmaciones nacionales son aplicadas a la provincia de Río Negro, situada en el norte de la Patagonia, y que como Estado dentro de un país federal, tiene una superficie de 203 013 km2 (el 7,3% del país) y según el censo 2010 del INDEC (2013) cuenta con 638.645 habitantes (el 1,58% del país). El medio ADN (2013) publicaba sobre un acto realizado el 7/2/2013: "El gobernador de Río Negro presidió hoy la apertura de sobres con las ofertas de la licitación pública destinada a la adquisición de 223 vehículos para el área de Seguridad, por un monto superior a los 35 millones de pesos". Donde queda de manifesto la visión política del problema de seguridad. El aumento de la pobreza y el incremento en la brecha de la desigualdad en la distribución del ingreso son variables que, por lo general, se asocian con aumento en las tasas de delictividad (Sauma y Chacón, 2006). Pero una gran contradicción se encuentra cuando se lee sobre la eficiencia de los programas de protección social, las erogaciones realizadas en seguridad y la seguridad percibida por los rionegrinos.
