El empleo protegido en España se realiza por medio de los Centros Especiales de Empleo (CEE). En la actualidad la legislación les obliga a que un 70% de su plantilla tenga reconocida o asimilada una discapacidad, sin exigir ninguna característica especial ni de etología ni de grado. Ello permite que personas sin discapacidad, con situaciones asimiladas por incapacidades permanentes, y también personas con discapacidades físicas y sensoriales leves, sin necesidades especiales apoyo para el acceso al mercado ordinario están siendo contratadas masivamente por los CEE. El grupo de trabajadores con discapacidades leves está desplazando dentro del empleo protegido a las personas con discapacidades severas, estas últimas tienen cada vez menos representación tanto en porcentaje como en número. La tesis defiende que el empleo protegido debería estar reservado para trabajadores con discapacidades severas que son quienes tiene especiales dificultades de acceso al empleo ordinario determinados por el RD 290/2004 como aquellas personas que tienen una discapacidad psíquica (intelectual o mental) con un porcentaje igual o superior al 33% y las personas con discapacidad física o sensorial con una discapacidad igual o superior al 65%. También defiende la conveniencia de que la legislación española vuelva a adoptar lo establecido en las convenciones internacionales de NU, OIT y EU, que determinan la obligación de que el empleo protegido sea subsidiario al empleo ordinario. La subsidiariedad establecida en la LISMI fue eliminada de nuestra legislación por medio de la entrada en vigor del RD-Leg 1/2013 Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. También se estudia la necesidad de implementar obligaciones de transición para los CEE, promocionando el paso desde los Centros Ocupacionales o desde desempleo de larga duración al empleo protegido, como la evolución de los trabajadores con relación laboral especial al empleo ordinario. Por último la tesis aborda los enclaves laborales como un modelo que debería tener pequeños ajustes y que podría tomarse como modelo para reconvertir el actual sistema de empleo protegido español, por la composición de sus trabajadores y por sus obligaciones de transición y cercanía al empleo ordinario.
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