Evolución de las reclamaciones bancarias en España durante la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis. Historia de la desprotección de los usuarios

• Autores: José Miguel Cabezas Argueda
• Directores de la Tesis: Alejandro Francisco García Pozo (dir. tes.), José Luis Sánchez Ollero (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2015
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés Jesús Marchante Mera (presid.), Juan Antonio Campos Soria (secret.), Carmen Pérez González (voc.), José Mondéjar Jiménez (voc.), María del Val Segarra Oña (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RIUMA
• Resumen

  • El objeto de la investigación es desarrollar un estudio de la evolución de las reclamaciones sobre productos financieros en España durante la última década. El objetivo principal ha sido intentar descifrar las causas del notable incremento de las precitadas reclamaciones a las instituciones financieras después del “boom” inmobiliario. Esta situación que se produce coincidiendo con la posterior crisis económica en nuestro país, tiene su origen en la explosión de la burbuja inmobiliaria propia y la crisis económica internacional. Para alcanzar el objetivo mencionado, en primer lugar, se ha realizado un amplio estudio de la situación económica durante todo este periodo para evaluar en detalle las principales magnitudes económicas durante el periodo analizado (años 2000 a 2012 ambos inclusive). En paralelo se han estudiado otras cuestiones alrededor de la problemática bancaria netamente española, como son los precios bancarios en Europa, el proceso de reestructuración del mercado bancario español durante la crisis económica, el poder ejecutivo de los Bancos Centrales en Europa, entre otros, a fin de dar más amplitud de visión y profundidad a este trabajo. La comparación de las magnitudes españolas y la forma de relacionarse nuestras entidades financieras con sus clientes, puestas en el contexto comparativo de la Unión Europea, han arrojado información de mucho interés que nos ha llevado a concluir que el coste de los productos bancarios en España es muy superior a la mayoría de los países de la Unión y, además, la protección de los usuarios presenta factores diferenciales negativos, entre los que destaca sobremanera que las resoluciones de los organismos competentes no tengan carácter ejecutivo. En relación a las reclamaciones y su evolución se ha estudiado la evolución de las mismas desglosadas por productos financieros, destacando las posibles causas que hayan podido influir en dicha evolución. Estos datos se han extraído principalmente de los boletines y anuarios estadísticos de reclamaciones que publican los organismos públicos en España, como son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones. Una vez realizado todo lo anterior, se ha realizado un análisis estadístico, con resultados satisfactorios, a fin de obtener las correlaciones entre la evolución de las reclamaciones y la situación económica mediante la aplicación de un modelo de regresión estadística que explicase la relación existente entre las reclamaciones y los dos indicadores macroeconómicos usados, la variación interanual del PIB y el desempleo. De ahí se ha obtenido un sencillo modelo de regresión con resultados que explican dicha relación con un porcentaje de predicción bastante alto. Se puede afirmar, una vez estudiadas las causas y la evolución temporal de las reclamaciones bancarias por comunidades autónomas y productos, así como su relación con los principales indicadores macroeconómicos, que existe una relación clara entre el deterioro de los principales indicadores macroeconómicos analizados y el crecimiento de las reclamaciones bancarias, sobre todo durante la crisis económica. Se observa cómo tras caídas fuertes del PIB y aumento del desempleo, las reclamaciones bancarias sufrieron grandes aumentos, especialmente durante los años 2008, 2009 y 2010. En resumen, una vez estudiados los precedentes de estudios relacionados con este trabajo, además del estudio de la evolución de las variables presentes en este modelo, mediante el modelo de regresión comentado se confirma que el deterioro de la economía, en este caso medida mediante la evolución del PIB y el desempleo, afecta directamente al sector bancario, medido este mediante las reclamaciones presentadas por los clientes ante al servicio de reclamaciones de los organismos reguladores. Ante todo lo expuesto anteriormente, se alcanza la conclusión de que una mayor regulación y limitación de las malas prácticas bancarias ayudaría a la reducción de las reclamaciones presentadas. Para ello, se debería de dotar a los diferentes servicios de reclamaciones competentes (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) de carácter ejecutivo, para que sus resoluciones fueran vinculantes, ya que actualmente, al no serlo, el 80% de las mismas son ignoradas por las entidades financieras, derivando éstas hacia los juzgados, lo que además provoca en muchos casos el colapso de muchos de esos juzgados, especialmente los mercantiles, ya de por sí colapsados a causa de los concursos de acreedores. Adicionalmente la comparativa realizada con el funcionamiento de aquellos países de nuestro entorno donde las resoluciones tienen carácter ejecutivo pone de manifiesto que mientras que la media del tiempo para responder las reclamaciones en la Unión Europea está en 119 días, en España está en 180 días y ocurre la paradoja de que países como Italia o el Reino Unido con plazos iguales o inferiores al español sí que tienen carácter ejecutivo en muchas de sus resoluciones lo que finaliza con el problema, mientras que los 180 días españoles solo abren el camino, en la mayoría de los casos, a un calvario judicial que puede prolongarse durante años hasta que el cliente pueda tener una sentencia. Dotar de carácter ejecutivo a las resoluciones de los organismos reguladores españoles ayudaría al descenso de las reclamaciones bancarias, afectaría de forma positiva al reclamante y se ganaría en eficacia lo que derivaría en un sistema más justo y eficaz que el existente actualmente.