Resumen de La transparencia informativa de las administraciones públicas: el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa
A) INTRODUCCIÓN: La elaboración de la tesis está motivada por las siguientes razones: 1) Una de las causas de la profunda crisis económica que venimos padeciendo desde el 2008 se encuentra en la falta de transparencia en el sector público y en el mercado financiero. La confianza en las instituciones de un país depende en gran parte de la mayor o menor transparencia de sus actuaciones. 2) La falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos constituye un caldo de cultivo propicio para la proliferación de casos de corrupción y despilfarro de dinero público. 3) El sistema democrático no puede quedar reducido a votar cada cierto tiempo y nada más. Sin transparencia no es posible exigir la rendición de cuentas. 4) La necesidad de terminar con la impotencia del ciudadano que contempla impasible la absoluta inmunidad de las autoridades públicas que no se dignan a contestar o denegar motivadamente las solicitudes de información. El silencio administrativo es una práctica habitual impropia de un Estado de Derecho. 5) La revolución tecnológica que supone internet permite alcanzar unos niveles de transparencia informativa impensables hace unos años. En la actualidad, todas las entidades financiadas con fondos públicos ¿públicas o privadas- pueden publicar en internet, de forma rápida y sencilla, toda la información sobre su actividad a través de las sedes electrónicas o páginas web.
B) DESARROLLO TEÓRICO: Se analizan las siguientes materias: 1) El servicio público de información. 2) La información pasiva: el derecho de acceso a la información pública a solicitud de las personas. 3) La información activa: la información pública que debe difundirse de forma activa, de oficio. 4) Los mecanismos de tutela. 5) El sistema de responsabilidad. 6) El fortalecimiento del derecho a saber. 7) Conclusiones.
C) CONCLUSION: Se exponen un total de 42 conclusiones. El derecho a saber de los ciudadanos no se limita a la actividad de las Administraciones públicas, sino que se extiende a la actividad desarrollada por todas las entidades públicas o privadas financiadas con fondos públicos. En un sistema verdaderamente democrático, todas las entidades o instituciones sostenidas con dinero público, sin excepción, deben rendir cuentas e informar a los ciudadanos sobre sus actuaciones.
D) BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: En la investigación realizada se han utilizado fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, tanto nacionales como extranjeras. En el apartado dedicado a la bibliografía, se relacionan por orden alfabético los autores de los libros publicados y los artículos doctrinales aparecidos en revistas especializadas, junto con los documentos y estudios consultados en internet y, por último, las sedes electrónicas visitadas, públicas o privadas.
