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Resumen de La difusa extensión de los derechos y su eficacia entre particulares. El derecho de admisión

Francisco de Borja Jiménez Muñoz

  • La tesis plantea cómo la expansión de los derechos, cuya evolución se analiza desde las primeras constituciones hasta nuestros días, encierra un drama por todos conocidos: esa expansión dificulta los mecanismos de protección frente a la vulneración de los derechos, de modo que, al margen de los sistemas de tutela que se consagran en las constituciones occidentales, ni las organizaciones internacionales, ni incluso estados, son capaces de dar respuesta a las necesidades de protección que hoy tienen los ciudadanos. Pero lo expuesto no es más que la punta de iceberg. Lo peor es que la globalización genera nuevas necesidades que aún no han sido reconocidas como derechos y que en los últimos tiempos lo más perjudicial para los ciudadanos es la indefensión que sufren frente a las violaciones de otros sujetos privados. Frente a ellos el derecho constitucional no ha articulado mecanismos de tutela, más allá de la jurisdicción ordinaria, cuando en el S XXI, el ciudadano debe temer más el particular que al poder público, tradicional acreedor de la desconfianza del ciudadano frente al que se estableció toda la arquitectura de la protección constitucional y, sin embargo, las empresas, los poderosos, los que suministran bienes y servicios a gran escala, no tienen el freno de la justicia constitucional porque las reclamaciones frente a actos de particulares no acceden al recurso de amparo. Lo expuesto se traslada a un ejemplo concreto: el derecho a la igualdad sufre esta situación cuando el que vulnera el derecho es el explotador de un establecimiento al público e impide la entrada a otros ciudadanos. Para ello se analiza la legislación española, estatal y autonómica, a fin de acreditar la heterogeneidad de normas, de modo que se complica enormemente el conocimiento que un ciudadano puede tener en uno u otro lugar de España sobre si puede o no entrar vestido de determinada forma en un local. Ante la dificultad de establecer unos criterios comunes, se concluye analizando como es la justicia penal la tradicional receptora de las reclamaciones en esta meteria, de modo que, una vez más, el derecho penal parece star en la vanguardia de la protección de los derechos.


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