La actividad judicial y el derecho a un juicio justo frente a la libertad de expresión. Análisis de los desafíos impuestos desde el constitucionalismo contemporáneo
- Autores: Francisco J. Leturia Infante
- Directores de la Tesis: Nicolás Rodríguez García (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2015
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín (presid.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (secret.), Olga Fuentes Soriano (voc.)
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- Tesis en acceso abierto en: GREDOS
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- Resumen
La libertad de expresión e información y los derechos y garantías asociados a un juicio justo son elementos básicos y característicos de cualquier orden jurídico democrático.
En el ejercicio de ambas, pueden observarse tensiones y situaciones de potencial nocividad, que han sido observadas con mayor intensidad en los últimos años y por lo mismo, recién comienzan a abordarse tanto desde un punto de vista doctrinario como normativo.
Esta situación impone a todos los ordenamientos jurídicos el desafío de crear las condiciones, incentivos y regulaciones que permitan aprovechar las consecuencias beneficiosas de la actividad informativa relativa a la administración de justicia, y que limiten o reduzcan, al mismo tiempo y en la medida de lo posible, sus consecuencias perjudiciales.
El análisis y desarrollo de esta problemática exige vincular los derechos fundamentales en juego con muchas de las instituciones clásicas del derecho procesal. Dado el carácter ambiguo y abierto de las normas constitucionales sobre derechos, cualquier solución que se refiera a los conflictos y tensiones entre los mismos, a sus limites y limitaciones, pasará necesariamente por una adecuada comprensión de las técnicas de interpretación constitucional.
La materia analizada obliga también a un suficiente desarrollo de los principales derechos involucrados. Entre ellos tenemos a la libertad de expresión e información, por un lado, y a todos los derechos asociados a un juicio justo por otro (imparcialidad, publicidad, presunción de inocencia, algunos principios del derecho penal), así como otros derechos y valores protegidos (intimidad, resocialización del delincuente, entre otros).
Finalmente, exige también analizar los diferentes roles de cada uno de los actores que forma parte del sistema de administración de justicia, y de las necesidades de los distintos momentos juriusdiccionales, todos los cuales justificarán regulaciones especiales.
