El denominado "estallido social chileno", acaecido a partir de octubre de 2019, se configuró como la expresión tangible de un profundo malestar ciudadano frente a un conjunto de demandas sociales postergadas. Estas se articulaban, principalmente, en torno a la estructura, el funcionamiento y la eficacia del sistema institucional, y en la legitimidad del modelo político y económico imperante, encarnado en la Constitución de 1980. Esta última, a pesar de las sucesivas reformas impulsadas desde el inicio del proceso de transición democrática, continuaba siendo percibida por amplios sectores de la población como antidemocrática, tanto por su origen en el régimen dictatorial instaurado entre 1973 y 1989, como por simbolizar, de forma elocuente, el carácter "transaccional y/o pactado" que ha marcado al sistema democrático chileno. El estallido social, llevó a la conformación de un acuerdo institucional entre los principales partidos y grupos políticos del país, los cuales se abocaron al compromiso de redactar una nueva Constitución para el país, con el objetivo de conformar una nueva institucionalidad y superar el modelo de "democracia limitada" que había imperado en Chile desde el fin de la dictadura militar hasta nuestros días. Este acuerdo fue aprobado mediante referéndum en octubre de 2022 por el 78 % de los votantes, y se construyó a través del trabajo de una Convención Constitucional compuesta por 155 miembros, la cual inició sus funciones en julio de 2021 y desembocó en una propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022, al igual que el texto surgido del nuevo proceso constituyente liderado por el Consejo Constitucional, cuya propuesta fue rechazada en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023. Este proceso se constituyó en una suerte de corolario de la transición política iniciada en 1990, año en que asumió el nuevo gobierno democrático tras el fin de la dictadura militar. A partir de ese momento comenzó a evidenciarse un progresivo aumento de la desafección ciudadana hacia el sistema democrático, tanto respecto a su funcionamiento como a la legitimidad de sus instituciones, acompañado de un creciente descrédito de los partidos políticos. Todo ello se reflejó en una sostenida disminución de la participación electoral. De forma paralela, el sistema municipal chileno comenzó a adqurir un creciente protagonismo creciente al interior del sistema político y de la propia administración del Estado, así como una creciente legitimidad social y política. Este rol se ha profundizado ante el proceso de transformaciones experimentado por el sistema local a partir de fines de la década de los setenta y mediados de los ochenta, y ya en democracia, en la consagración de la elección directa de sus autoridades políticas. Lo anterior ha sido acompañado gestión local que se les ha entregado hasta la fecha desde el gobierno central. Es en este contexto que el presente trabajo doctoral se centrará en la hipótesis de que la desafección ciudadana respecto del sistema político chileno y de las instituciones del gobierno central ha derivado en la conformación de una "democracia de carácter local", en la cual los municipios han asumido un conjunto de atribuciones, tanto privativas como compartidas, que han debido adaptarse a las realidades territoriales y a las condiciones socioeconómicas particulares de los espacios en los que se insertan. Lo anterior ha convertido a los municipios en actores relevantes para el desarrollo de sus comunidades y, especialmente, en espacios democráticos deliberativos significativos para la ciudadanía. Esta situación ha reforzado aún más su importancia como escenarios clave en el actual marco político-social chileno y para el fortalecimiento de la propia democracia. Este protagonismo ha conducido a un creciente reconocimiento público del rol y la gestión de concejales y alcaldes, muchos de los cuales han aprovechado la visibilidad que estos espacios les otorgan para proyectarse electoralmente en la política nacional.
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