Sanciones administrativas y otras medidas contra conductas colusorias en España: más allá de las multas a empresas
- Autores: Ignacio Fornaris Valls
- Directores de la Tesis: Jerónimo Maillo González-Orús (dir. tes.), Marco Lamandini (codir. tes.)
- Lectura: En la Universidad CEU San Pablo ( España ) en 2026
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Luis María Miranda Serrano (presid.), María Jesús Peñas Moyano (secret.), Irene Mecatti (voc.), Giovanni Meruzzi (voc.), Federico Maria Mucciarelli (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Derecho y Economía por la Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat Abat Oliba CEU
- Menciones:
- Internacional
- Calificación: Sobresaliente Cum Laude
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: TESEO
- Resumen
La presente tesis doctoral tiene como objetivo fortalecer la capacidad disuasoria del sistema español de defensa de la competencia mediante el uso de sanciones administrativas y otras medidas complementarias. En este sentido, el estudio se centra en dos sanciones –la multa y la inhabilitación de personas físicas– y en una medida preventiva no sancionadora –la prohibición de contratar con la Administración Pública– con el fin de mejorar la respuesta del sistema frente a conductas anticompetitivas y, en particular, frente a los cárteles.
La investigación parte de la hipótesis de que las multas impuestas a los operadores económicos resultan insuficientes para desalentar conductas anticompetitivas, dado que suelen ser inferiores al beneficio económico obtenido, presentan bajas probabilidades de detección y se enfrentan a un elevado número de resoluciones judiciales de revocación. A partir de esta constatación, se examina la necesidad de adoptar un enfoque integral que complemente las sanciones y medidas dirigidas a las empresas con mecanismos específicos orientados a responsabilizar a las personas físicas involucradas en tales conductas.
Es, por ello, que el segundo capítulo se centra en las multas a personas físicas en el marco del artículo 63.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Se analizan los sujetos sancionables, la tipificación de la conducta y los criterios moduladores de la multa. Además, se estudia la legalidad de la publicación de las resoluciones sancionadoras sin anonimizar, y la consideración de los despidos como medida indirecta para prevenir conductas anticompetitivas.
El tercer capítulo aborda la prohibición de contratar con la Administración Pública por falseamiento de la competencia, regulada en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Se examina la transposición de la Directiva 2014/24/UE a fin de comparar los motivos de exclusión, el ámbito subjetivo, los requisitos de aplicabilidad, los efectos y el procedimiento previstos en la norma europea con los establecidos en el ordenamiento interno. Asimismo, se analiza su naturaleza jurídica, aspecto esencial para determinar las garantías constitucionales aplicables, precisar el procedimiento administrativo correspondiente y orientar la interpretación de eventuales lagunas normativas.
Por último, el cuarto capítulo propone la incorporación de una nueva medida sancionadora no prevista en el ordenamiento español: la inhabilitación de las personas físicas implicadas en prácticas colusorias. Para ello, se analiza la posibilidad de utilizar el sistema penal vigente para sancionar dichas conductas, así como los problemas que ello plantea. Tras concluir que, en el contexto actual, no resulta adecuado recurrir al Código Penal como instrumento eficaz en la lucha contra los cárteles, se propone un sistema de inhabilitaciones destinado a superar las limitaciones de las multas impuestas a las personas directivas.
En conjunto, la tesis pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral en la política española de defensa de la competencia, combinando las sanciones administrativas con medidas complementarias que incidan en la estructura de incentivos y en la responsabilidad individual. Todo ello con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre disuasión efectiva, proporcionalidad y estabilidad económica, así como de proteger otros intereses públicos relevantes.
