La presente investigación aborda la problemática de la alta conflictividad familiar post-ruptura como fenómeno estructural en el ámbito del derecho de familia contemporáneo. Partiendo de la transformación social de las estructuras familiares y del incremento de la judicialización de las relaciones parentales, se analiza la insuficiencia del modelo procesal tradicional para gestionar eficazmente los conflictos derivados de la disolución de la convivencia.
El estudio se centra en la necesidad de articular mecanismos que, más allá de la resolución jurídica de controversias, permitan mejorar la calidad de las relaciones coparentales y proteger el bienestar de los niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente expuestos a los efectos negativos del conflicto interparental crónico. En este contexto, se examinan los principios de parentalidad positiva, el interés superior del menor y las limitaciones del sistema judicial en la gestión de dinámicas relacionales complejas.
La tesis propone y evalúa la coordinación de parentalidad (CP) como un modelo de intervención especializado, de naturaleza híbrida jurídico-psicosocial, orientado a facilitar la implementación efectiva de las resoluciones judiciales y a reducir la litigiosidad recurrente, así como servir de medida de protección para los hijos/as envuelto en estas dinámicas conflictivas. A través del análisis empírico de un plan piloto desarrollado en los juzgados de Málaga, se pretende valorar su eficacia, sus límites y su potencial integración en el sistema de justicia de familia.
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