La estructura institucional de las naciones se ha puesto a prueba frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Problemas como la desigualdad económica, la inestabilidad política, el deterioro de las condiciones de vida y el cambio climático han generado coyunturas críticas, pero también ventanas de oportunidad para impulsar transformaciones en el sistema económico. En este contexto, emergen nuevas formas de hacer economía como la Economía Social y Solidaria (ESS), sobre la base de principios cooperativos, solidarios, substantivos y pluralistas. En el caso del Ecuador, este proceso se formalizó con la aprobación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el año 2011; sin embargo, las políticas públicas implementadas para su estímulo no han logrado los resultados esperados y han evidenciado una dimensión aún poco explorada. Desde los aportes teóricos del institucionalismo económico, de las políticas públicas y de la ESS se identificó una relación dialéctica entre dos fuerzas que se contraponen y complementan en un proceso dinámico-evolutivo de cambio institucional: las instituciones de movimiento rápido y las instituciones de movimiento lento (Roland, 2004; Portes, 2006). El objetivo de esta investigación es contrastar esta relación dialéctica en la efectividad de las políticas públicas de estímulo a la Economía Social y Solidaria del Ecuador, a partir de la promulgación de la ley. Para cumplir con este objetivo, la metodología de investigación es básica y aplicada, a través de la exploración teórico-conceptual y la contrastación empírica de las variables de estudio. El nivel de investigación es exploratorio y se sustenta en la combinación del método inductivo-deductivo, con un trabajo de campo, la revisión de datos oficiales y la aplicación de una entrevista semiestructurada a informantes clave. La muestra de entrevistados se concentró en la Zona de Planificación 3, con énfasis en la provincia de Chimborazo. El diseño de investigación es no experimental y adopta un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los resultados revelan que la implementación de Políticas Públicas de Movimiento Rápido (PPMR) y Políticas Públicas de Movimiento Lento (PPML) ha sido parcialmente efectiva; su aplicación generó superposición/desplazamiento de las estructuras subyacentes del sistema económico. Desde una perspectiva de análisis multinivel, el cambio sustantivo del sistema económico se impulsó en un nivel macro-evolutivo con la ejecución de políticas rápidas. Estas políticas no se adaptaron ni se difundieron en el nivel meso, manteniéndose como acciones aisladas de las sinergias del ecosistema de ESS. En el nivel micro, los actores no se identificaron con las políticas públicas implementadas. Esto degeneró en una relación dicotómica que abrió otra vez la ventana de oportunidad para alinear el sistema económico con las lógicas de mercado. La efectividad de las PPMR y PPML está condicionada por la calidad institucional y por una relación bilateral donde las políticas públicas rápidas/lentas pueden reforzarla, y la calidad institucional condiciona su resultado. Al evaluar el grado de madurez, se contrasta la importancia de las políticas públicas de segunda generación, tanto en la planificación nacional como en el criterio de los informantes. Sin embargo, no se ha logrado una transición efectiva y las políticas públicas continúan aletargadas en un sistema institucional formalmente estructurado, donde se procesa la agenda pública en serie y bajo un esquema jerárquico. En los segmentos investigados se evidencia que la implementación de políticas públicas ha sido un proceso fragmentado y concentrado geográficamente en algunas provincias, donde existe un desarrollo orgánico de la ESS e incluso al margen de los procesos formales. Finalmente, las políticas públicas de estímulo a la ESS, para ser efectivas, deben ser capaces de generar equilibrios entre los movimientos institucionales rápidos y lentos; deben ser específicas y contar con respaldo en la calidad institucional en función de las estructuras subyacentes y multinivel del sistema económico; y deben contar con un marco legal y de incentivos específicos que distingan la política pública y acompañe procesos complementarios.
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