Analiza el régimen jurídico de la protección social de los migrantes en el contexto de un fenómeno migratorio estructural y globalizado. La investigación parte de la constatación de que la movilidad humana constituye una constante histórica, si bien su tratamiento jurídico ha estado condicionado por lógicas de control estatal y soberanía territorial que limitan la efectividad de los derechos sociales.
El objetivo principal del estudio consiste en examinar críticamente la adecuación de los sistemas de Seguridad Social a las trayectorias laborales transnacionales de las personas migrantes. Para ello, se emplea una metodología jurídico-dogmática basada en el análisis sistemático de normativa de coordinación de los sistemas de Seguridad Social internacional, europea y nacional, así como de la doctrina científica y los instrumentos de coordinación existentes, utilizando siempre como eje principal España.
Los resultados ponen de manifiesto que el principio de territorialidad continúa siendo el eje vertebrador de los sistemas de protección social, lo que genera importantes disfunciones en contextos de movilidad laboral internacional. Este enfoque dificulta el acceso efectivo a prestaciones y provoca situaciones de vulnerabilidad estructural, especialmente cuando las carreras profesionales se desarrollan en múltiples Estados.
Asimismo, la investigación evidencia una tensión persistente entre la proclamación universal de los derechos humanos y su aplicación práctica, condicionada por políticas migratorias centradas en el control y la seguridad. Esta contradicción limita la plena efectividad del derecho a la protección social de las personas migrantes.
Como principal aportación, la tesis propone la necesidad de repensar el modelo actual mediante el refuerzo de los mecanismos de coordinación internacional, la superación de las rigideces del principio de territorialidad y la adopción de un enfoque centrado en la persona. En definitiva, se concluye que solo a través de una transformación del sistema será posible avanzar hacia una Seguridad Social inclusiva, basada en los principios de igualdad, dignidad y justicia social en un mundo caracterizado por la movilidad.
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