La dimensión ambiental de la seguridad alimentaria: criterios jurídicos para su integración en la regulación alimentaria

• Autores: Javier Francisco Herrera Valverde
• Directores de la Tesis: José Esteve Pardo (dir. tes.), Mariola Rodríguez Font (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2026
• Idioma: español
• Número de páginas: 398
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
• Resumen
  • español

    La tesis aborda la seguridad alimentaria, con especial atención en Chile desde una perspectiva histórica, jurídica e institucional, con el objetivo de identificar los principales desafíos que enfrenta su regulación. En primer lugar, se analiza su evolución normativa, desde los orígenes coloniales hasta el siglo XX, destacando la influencia de factores culturales, sanitarios y ambientales en la construcción de una identidad alimentaria.

    Se examina el modelo de policía administrativa como técnica jurídica predominante en la intervención estatal, centrada en la protección sanitaria y el orden público. Este modelo ha orientado la regulación alimentaria en función de la inocuidad, sin incorporar de forma estructural el componente ambiental ni reconocer la alimentación como derecho autónomo.

    El segundo capítulo revisa la institucionalidad alimentaria vigente, subrayando su fragmentación normativa y la existencia de vacíos que limitan la articulación de políticas públicas efectivas. Aunque existen avances programáticos hacia enfoques más integrales, el orden institucional aparece dominado por criterios sectoriales y técnicos, sin mecanismos claros de garantía ni exigibilidad.

    A continuación, el tercer capítulo incorpora la dimensión ambiental y climática como eje estructural de la seguridad alimentaria. Se sostiene que el cambio climático impacta directamente los cuatro pilares que la componen: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. En este contexto, la protección ambiental debe asumirse como una condición normativa básica para la sostenibilidad del sistema.

    La tesis plantea que el reconocimiento de la sostenibilidad ambiental como fundamento estructural de la seguridad alimentaria exige una transformación normativa de amplio alcance. No se trata solo de incorporar criterios ecológicos a la regulación alimentaria, sino de redefinir el vínculo entre política ambiental y política alimentaria a través de un enfoque sistémico, capaz de integrar medidas de adaptación, mitigación y uso eficiente de recursos naturales esenciales como el agua y el suelo. Esta integración debe materializarse en instrumentos regulatorios concretos, orientados a garantizar la resiliencia de los sistemas alimentarios, mediante políticas públicas que actúen de forma coordinada frente a los impactos climáticos y las presiones ambientales sobre la producción y el acceso a los alimentos.

    A partir del análisis efectuado, se concluye que el actual modelo institucional chileno —fragmentado, sectorial y dominado por una lógica tecnocrática— no está en condiciones de responder adecuadamente a los desafíos ecológicos, climáticos y sociales que enfrenta el sistema alimentario. En consecuencia, se plantea la necesidad de avanzar hacia una regulación integrada que reconozca la alimentación adecuada como un derecho con contenido normativo exigible, y que dote al sistema alimentario de coherencia normativa, densidad institucional y capacidad operativa.

    Esta transformación requiere no solo un rediseño de los instrumentos existentes, sino también la construcción de una institucionalidad alimentaria específica, con procedimientos claros, funciones definidas y mecanismos efectivos para la atribución de responsabilidades frente al incumplimiento de los deberes del Estado. Desde el derecho, ello implica articular un marco regulatorio orientado a la sostenibilidad, la equidad y la responsabilidad estatal en el cumplimiento del derecho a la alimentación.

  • English

    This thesis addresses food security, with special attention to Chile from a historical, legal, and institutional perspective, with the aim of identifying the main challenges faced by its regulatory framework. Firstly, it analyzes the normative evolution of food security from colonial times to the twentieth century, highlighting the influence of cultural, sanitary, and environmental factors in the construction of a national food identity.

    The administrative police model is examined as the predominant legal technique used in state intervention, centered on health protection and public order. This model has guided food regulation primarily through a focus on safety and hygiene, without structurally incorporating environmental concerns or recognizing food as an autonomous right.

    The second chapter reviews the current food governance structure, emphasizing its regulatory fragmentation and the existence of gaps that hinder the articulation of effective public policies. Although some programmatic efforts point toward more integrated approaches, the institutional framework remains shaped by sectoral and technical criteria, lacking clear mechanisms for rights guarantees and enforceability.

    Subsequently, the third chapter introduces the environmental and climate dimension as a structural axis of food security. It argues that climate change directly impacts the four foundational pillars—availability, access, stability, and utilization—making environmental protection a normative condition for the sustainability of food systems.

    The thesis contends that recognizing environmental sustainability as a structural basis for food security requires a far-reaching normative transformation. This involves not only incorporating ecological criteria into food regulation but also redefining the relationship between environmental and food policies through a systemic approach. Such integration must be embodied in concrete regulatory instruments designed to ensure the resilience of food systems, through coordinated public policies addressing climate impacts and environmental pressures on food production and access.

    Based on this analysis, the thesis concludes that the current Chilean institutional model—fragmented, sectoral, and shaped by a technocratic logic—is not capable of adequately responding to the ecological, climate, and social challenges confronting the food system. Accordingly, it proposes advancing toward an integrated regulatory framework that recognizes adequate food as a right with enforceable legal content and provides coherence, institutional depth, and operational capacity to the food system.

    This transformation requires not only a redesign of existing tools but also the establishment of a specific food governance structure, with clear procedures, defined functions, and effective accountability mechanisms for state obligations. From a legal perspective, this entails articulating a regulatory framework oriented toward sustainability, equity, and state responsibility in fulfilling the right to food.