En esta tesis defendemos que la ciencia puede ser comprendida como un bien común en el sentido explicado por Elinor Ostrom, es decir, como un recurso compartido vulnerable a dilemas sociales. La teoría de los bienes comunes explica cómo la gestión de tal tipo de recursos puede ser eficiente, sostenible y equitativa. La teoría –amplia y sólidamente fundamentada, si bien insuficientemente conocida– demuestra que, bajo determinadas condiciones, los bienes comunes pueden ser mantenidos exitosamente por sus comunidades, sin la necesaria intervención del mercado o del Estado, rompiendo con el planteamiento dualista ‘público-privado’, aún presente en la cultura, la academia y las políticas. Teóricamente, tanto los bienes comunes como los bienes públicos son recursos vulnerables a la acción de free-riders pues resulta imposible o difícil excluir a nadie de su uso. El modo de ser ‘recursos compartidos’ es distinto en cada caso: en principio, y desde la perspectiva económico-política, los bienes comunes son gobernados por las comunidades de uso, mientras que los públicos son gobernados por el Estado. Con la expresión ‘constitución de lo común’ nos referimos a un tipo de acción –el actuar común o cooperación– y a aquello a lo que da lugar, a saber, un bien común gestionado exitosamente, junto con las comunidades cooperativas, corresponsables del recurso. La gestión exitosa de los bienes comunes no es planteable sin la cooperación. Las nociones de ‘bienes comunes’ y de ‘cooperación’ son políticamente robustas –particularmente en la gobernanza de la ciencia– y deben reclamarse como tales. La ciencia ciudadana es, emblemáticamente, una práctica constituyente de lo común si se entiende como participación, activa y cooperativa, de la ciudadanía en la investigación, de acuerdo con sus motivaciones, capacidades y recursos, los cuales son dinámicos y dependientes de sus entornos. La misma ciencia ciudadana también debe ser entendida como un bien común. Tan importante, o más, como alertar sobre su potencial degradación es mostrar que la gestión eficiente, sostenible y equitativa de la ciencia –y de la ciencia ciudadana– es, de hecho, posible.
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