Esta investigación aborda la transformación del sistema de justicia español hacia modelos más inclusivos y flexibles a través de la incorporación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para acceder a la vía judicial. Desde la década de 1980, la Unión Europea ha promovido el uso de los MASC para mejorar el acceso a la justicia y reducir la congestión en los tribunales, destacando como hito la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, que regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, la implementación de esta normativa ha sido desigual entre los Estados miembros.
En España, la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, aunque su adopción ha sido limitada. Para hacer frente a esta situación, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección de los derechos de los consumidores, aprobado en marzo de 2024, introduce el concepto de "paradigma de adecuación". Este paradigma sugiere que cada conflicto sea abordado mediante el medio más adecuado, ya sea mediación, negociación, conciliación u otros, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y aliviar la carga de los tribunales.
Además, el Proyecto de Ley Orgánica incorpora el "requisito de procedibilidad" que obliga a las partes a intentar resolver el conflicto a través de medios adecuados, como la mediación, antes de acudir a la jurisdicción ordinaria. Esta exigencia no solo busca descongestionar los tribunales, sino también promover una cultura de resolución pacífica de disputas y fortalecer la participación ciudadana en la gestión de sus propios conflictos. La introducción de este requisito representa un cambio significativo en el acceso a la justicia, orientando el sistema hacia una mayor eficiencia y accesibilidad.
El objetivo principal de este estudio radica en analizar y contribuir al desarrollo del modelo de MASC en España, en especial, la mediación, a través de las aportaciones derivadas de los modelos de mediación obligatorios de los países europeos seleccionados.
Por ello, la investigación se sustenta en una metodología que combina el enfoque dogmático jurídico con el análisis de Derecho comparado. Dicha metodología se fundamenta en el examen meticuloso de la legislación pertinente, a través de la cual se realiza una exploración profunda de las normativas vigentes, sus principios subyacentes y su estructura organizativa. Este análisis se enriquece con la interpretación doctrinal y el análisis de resoluciones judiciales relevantes, lo cual facilita una comprensión exhaustiva y actualizada del marco legal aplicable.
En paralelo, la metodología de Derecho comparado adoptada en esta investigación se basa en la necesidad de realizar un escrutinio exhaustivo de sistemas legales alternativos, con el objetivo de identificar convergencias y divergencias entre distintos regímenes jurídicos. Este enfoque comparativo permite no solo resaltar las similitudes y diferencias, sino también promover la identificación de las mejores prácticas que contribuyan significativamente a la construcción de las aportaciones a nuestro modelo de mediación civil y mercantil.
En conclusión, este estudio no solo ha permitido identificar y evaluar las mejores prácticas en mediación obligatoria en varios países europeos, sino también proponer un enfoque normativo y práctico adaptado al contexto español. Las aportaciones derivadas del análisis comparativo proporcionan una base sólida para fortalecer el marco jurídico de los MASC en España, fomentando una cultura de resolución de conflictos más eficiente y accesible. La investigación aspira a contribuir significativamente al desarrollo de un modelo de mediación que no solo cumpla con los requisitos de procedibilidad, sino que también promueva un acceso equitativo a la justicia, garantizando la sostenibilidad y efectividad de los acuerdos alcanzados. Así, se espera que los resultados de este estudio sirvan como guía para futuras reformas legislativas y políticas públicas que impulsen la consolidación de la mediación como herramienta esencial en la gestión de controversias en el ámbito civil y mercantil.
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