Los procesos constitucionales y el derecho a la prueba
- Autores: Juan Carlos Uribe Sandoval
- Directores de la Tesis: Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2025
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Rodrigo Rivera Morales (presid.), María Inmaculada Sánchez Barrios (secret.), Alejandro Canónico Sarabia (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca
- Materias:
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- Resumen
La investigación titulada Los procesos constitucionales y el derecho a la prueba examina la actividad probatoria dentro de los procesos constitucionales, tanto en la defensa de la supremacía normativa como en la tutela de los derechos fundamentales en el Estado social de derecho. El estudio aborda la tensión entre la naturaleza jurídica de los procesos de inconstitucionalidad tradicionalmente considerados como debates de derecho (quaestio iuris) y la necesidad de incorporar elementos fácticos (quaestio facti) mediante la práctica y valoración de pruebas.
Con un enfoque comparativo entre América (Colombia, Perú, Argentina, Brasil) y Europa (especialmente España), se analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y otros tribunales constitucionales, mostrando cómo la ausencia de una regulación explícita de la etapa probatoria deja a discreción judicial la incorporación de pruebas, con riesgos de arbitrariedad y afectación al debido proceso.
La tesis se estructura en ocho capítulos que estudian: la supremacía constitucional; el modelo procesal constitucional y las garantías procesales; los sistemas de control de constitucionalidad; las funciones, fines y principios de los procesos constitucionales; los procesos de inconstitucionalidad, las cuestiones y excepciones de inconstitucionalidad; los procesos competenciales y de incumplimiento; y, finalmente, los procesos de tutela de derechos fundamentales (amparo, hábeas corpus, hábeas data).
Metodológicamente, se emplean los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, hermenéutico y comparado, tomando como referencia doctrinas iberoamericanas y europeas. Se concluye que sí existe actividad probatoria en los procesos constitucionales, aunque con particularidades frente a los procesos ordinarios. Asimismo, se plantea la necesidad de reformar las normas que regulan la jurisdicción constitucional, estableciendo lineamientos claros sobre la práctica probatoria, sin limitar la facultad discrecional del juez para garantizar la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
