Resumen de Análisis de los acuerdos con empresas en grandes casos de corrupción a partir de la experiencia estadounidense
- español
Esta tesis examina los acuerdos con empresas involucradas en gran corrupción desde una perspectiva global, principalmente norteamericana, destacando la necesidad de un enfoque que responsabilice de forma más equilibrada a altos ejecutivos y empresas. Los altos ejecutivos suelen no enfrentar inhabilitaciones o pagar adecuadamente por sus actos, mientras que las empresas a menudo son usadas como escudos en los acuerdos para protegerlos. En casos de gran corrupción, para evitar la reincidencia, es esencial exigir el despido, la venta de acciones para saldar deudas y la inhabilitación de estos ejecutivos en contrataciones públicas. Estas medidas fomentan una nueva cultura corporativa, evitan relaciones promiscuas con el gobierno, alivian a la empresa de grandes pagos y previenen daños colaterales a trabajadores y consumidores.
Las investigaciones internas son muy importantes, pero los estudios sugieren que las investigaciones paralelas del gobierno aseguran una mayor responsabilización de los altos ejecutivos y evitan la "privatización total" de las investigaciones. Respecto a eso, considerando los recursos limitados del Estado, recompensar a whistleblowers y permitirles la recuperación de valores a través de abogados privados es eficaz para reducir la impunidad. La disuasión efectiva se centra en la certeza y rapidez del castigo más que en su severidad, haciendo más importante reducir la impunidad individual que la recuperación de activos de las empresas en acuerdos.
Ocurre que la ambición de algunos funcionarios públicos de alto nivel puede generar conflictos de intereses, al evitar contrariar a superiores o empresas para no arriesgar futuras posiciones públicas o lucrativas en el sector privado. El fenómeno conocido como FCPA Inc. ilustra cómo exfiscales con influencias políticas facilitaron negociaciones corporativas. También se critica que en la FCPA las empresas extranjeras son punidas con más severidad que las empresas norteamericanas como forma de recaudar valores, a menudo solo por tener acciones listadas en el mercado de valores de Estados Unidos.
El clawback es una disposición legal o contractual que obliga a los empleados a devolver dinero recibido en base a información financiera incorrecta o hechos ilícitos, como SEC cobra de los ejecutivos beneficiados, incluso si no estuvieron involucrados directamente. Por otro lado, el programa del DOJ de 2023 de clawbacks ofrece reducciones de multas a empresas que recuperen valores de ejecutivos culpables, reforzando que la reducción de la impunidad de los ejecutivos es más importante que recuperar activos para el gobierno.
Los valores reducidos por incapacidad de pago de la empresa deben ser cobrados de los ejecutivos que causaron esta deuda, incluso con la venta anticipada de sus acciones, lo que puede crear una nueva cultura empresarial. En casos de empresas no viables económicamente, es esencial el nombramiento de administradores independientes para evitar la distribución de más valores de la empresa a los ejecutivos culpables. En casos de empresas viables que continúen trabajando con el gobierno, es fundamental nombrar un monitor independiente para acompañarlas por un determinado periodo.
Finalmente, a la luz de recomendaciones internacionales, la recuperación de activos obtenidos en acuerdos debe emplearse para reparar los derechos humanos afectados, mediante servicios comunitarios, la finalización de obras, donaciones a instituciones comprometidas, la creación de fondos específicos, o la dación de pagos por servicios, dependiendo del marco legal
- English
This thesis examines agreements with companies involved in grand corruption from a global perspective, primarily in North America, highlighting the need for a more balanced approach to holding senior executives and ompanies accountable. Senior executives often do not face disqualifications or adequately pay for their actions, while companies are frequently used as shields in agreements to protect them. In cases of grand corruption, to prevent recidivism, it is essential to require the dismissal, sale of shares to settle debts, and disqualification of these executives from public contracting. These measures foster a new corporate culture, prevent promiscuous relationships with the government, relieve the company of large payments, and prevent collateral damage to workers and consumers. Internal investigations are critical, but studies suggest that parallel government investigations ensure greater accountability of senior executives and prevent the "total privatization" of investigations. Considering the state's limited resources, rewarding whistleblowers and allowing them to recover amounts through private attorneys effectively reduces impunity. Effective deterrence focuses on the certainty and speed of punishment rather than its severity, making it more critical to minimize individual impunity than to recover assets from companies in agreements. The ambition of some high-level public officials can create conflicts of interest, avoiding opposing superiors or companies not to risk future public or lucrative private sector positions. The "FCPA Inc." phenomenon illustrates how former prosecutors with political influence facilitated corporate negotiations. It is also criticized that in the FCPA, foreign companies are punished more severely than North American companies as a way to raise funds, often just for having shares listed on the US stock market. Clawback is a legal or contractual provision that obliges employees to return money received based on incorrect financial information or illicit acts, as the SEC demands from benefited executives, even if they were not directly involved. The DOJ's 2023 clawback program offers fine reductions to companies that recover amounts from guilty executives, reinforcing that reducing executive impunity is more critical than recovering assets for the government. Amounts reduced due to the company's inability to pay should be charged to the executives who caused this debt, even with the early sale of their shares, which can create a new business culture. In economically unviable companies, it is essential to appoint independent administrators to avoid distributing more amounts to the guilty executives. In cases of viable companies that continue to work with the government, it is essential to appoint an independent monitor to oversee them for a certain period. Finally, considering international recommendations, the recovery of assets obtained in agreements should be used to repair affected human rights through community services, completion of works, donations to committed institutions, creation of specific funds, or payments for services, depending on the legal framework.
