Durante décadas, el ordenamiento laboral ha permitido un uso extensivo de la contratación temporal, situando a España como el país con mayor tasa de temporalidad de Europa. La investigación parte de esta premisa para reflexionar sobre la capacidad real de la reforma de 2021 de modificar las bases del mercado de trabajo sin favorecer la temporalidad empírica. El núcleo de la investigación trata cómo la supresión del contrato por obra o servicio y la reducción de las duraciones máximas de los contratos temporales junto a sus reglas de transformación han reducido notablemente la temporalidad, a la vez que se produce un desplazamiento hacia las modalidades de contratación indefinidas. En el plano legal, el contrato fijo discontinuo ha adquirido una centralidad relevante, convirtiéndose en la herramienta preferente para dar cobertura a necesidades empresariales de diversa índole. Sin embargo, esta modalidad plantea dudas sobre si la estabilidad alcanzada es meramente formal o si responde a una verdadera consolidación de derechos. Al mismo tiempo, la regulación del contrato por circunstancias de la producción cuenta con una redacción un tanto compleja o abierta que puede llevarnos a pensar que también ocupa parte del espacio del empleo fijo discontinuo. Se sostiene que los cambios normativos producidos marcan un punto de inflexión, pero no un cierre. Nos encontramos en una transición desde la temporalidad tradicional hacia un empleo indefinido que adquiere determinados elementos de inestabilidad propios de la contratación temporal. Pese a que el empleo indefinido ordinario se encuentra en auge, este tipo de empleo también se destruye en mayor volumen. El aumento del número de indemnizaciones por despido improcedente y el cuestionamiento de la protección frente al despido por parte de órganos internacionales revelan la tensión entre el derecho interno y los estándares comunitarios, especialmente, a la luz de la Carta Social Europea revisada. El análisis muestra que el ordenamiento español avanza en la recuperación del principio de estabilidad, pero mantiene un estándar de protección frente al despido débil. La investigación concluye que la reforma de 2021 ha logrado reducir la tasa de temporalidad y modificar las prácticas de contratación empresarial, pero no ha resuelto la fragilidad del mercado de trabajo, canalizada en la actualidad en el empleo indefinido.
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