La tesis doctoral aborda la problemática jurídica que plantea la regulación de los contratos a distancia desde la perspectiva de la protección del consumidor. La regulación, a nivel comunitario, está constituida por la Directiva de 20 de mayo de 1997. La promulgación de la Directiva obedece a que este tipo de contratación supone un fenómeno importante, desde el punto de vista económico, en el que además se plantean problemas que difieren de la doctrina tradicional de los contratos entre personas "ausentes" o "distantes". Básicamente los problemas a los que el consumidor se enfrenta son: que no puede identificar fácilmente a la otra parte contratante, tampoco puede constatar in concreto características del objeto sobre el que contrata y, por otra parte, no está claro en qué momento surgen las obligaciones para las partes. La problemática se complica en España porque la regulación está contenida en una Ley de contenido heterogéneo, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que no es una Ley específica de protección de los consumidores y que, además es anterior al texto comunitario. La tesis tiene como objetivo ofrecer una interpretación tanto de la Directiva comunitaria como de la regulación contenida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, para señalar sus diferencias y cuál sería la normativa más ajustada al texto comunitario. Con la metodología utilizada se ha pretendido integrar la problemática específica de los contratos a distancia y la protección de los consumidores en el Derecho codificado civil y mercantil. Igualmente ha de destacarse el uso exhaustivo del Derecho comparado, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
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