La Tesis se centra en una investigación y análisis de la figura jurídica internacionalmente conocida como must-carry y must-offer, particularmente en México, pero con un estudio comparado que incluye otras jurisdicciones. Asimismo, esta obra aborda la reforma constitucional mexicana en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, y otros aspectos relacionados con la radiodifusión y las telecomunicaciones. La tesis analiza cómo estas normativas han impactado los derechos fundamentales, el desarrollo tecnológico y la competitividad de los sectores regulados.
La Tesis destaca que la Constitución mexicana, al incluir un nivel de detalle poco común en su texto, ha generado conflictos normativos que complican la aplicación eficiente de las leyes. La reforma buscaba fomentar la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero de acuerdo a los hallazgos de la investigación, las disposiciones must carry y must offer han tenido efectos contraproducentes. Estas incluyen la afectación a derechos de propiedad intelectual, libertad de expresión y libre contratación, al imponer la gratuidad en la retransmisión de señales y limitar la flexibilidad del mercado para adaptarse a los avances tecnológicos.
La exposición está respaldada por una metodología robusta y multidisciplinaria, que combina un análisis histórico, normativo, sociológico y económico. En la tesis se traza un recorrido por la evolución de estas figuras en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, Europa y Reino Unido, identificando lecciones clave y proponiendo adaptaciones al contexto mexicano. Subraya que las normativas actuales no cumplen los objetivos planteados y presentan problemas de proporcionalidad y razonabilidad, lo que justifica la necesidad de una reforma parcial o integral.
La Tesis concluye con propuestas concretas, entre las que destacan permitir negociaciones libres entre radiodifusores y concesionarios, integrar tecnologías emergentes en la regulación y revisar el marco normativo para hacerlo más flexible y eficiente. Estas medidas buscan equilibrar los derechos fundamentales con los objetivos de política pública, fomentando un desarrollo sostenible en las industrias afectadas.
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