Este trabajo analiza el Graduado Social ejerciente desde todos los puntos de vista jurídicos sobre los que puede observarse el ejercicio de dicha profesión, bien como trabajador por cuenta ajena, bien como trabajador autónomo, bien como funcionario público. Las responsabilidades jurídicas que le pueden exigir, bien el empresario (o la Administración pública a la que presta servicios como funcionario), bien sus clientes, bien terceros distintos de los mencionados, pueden ser de cinco tipos distintos. En primer lugar, responsabilidades laborales exigibles ante los órganos de la jurisdicción social. En segundo lugar, responsabilidades civiles por culpa, contractual o extracontractual, exigibles ante los órganos de la jurisdicción civil. En tercer lugar, responsabilidades de seguridad social, exigibles, bien ante los órganos de la jurisdicción social, bien ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuarto lugar, responsabilidades de Derecho Administrativo, como las tributarias, exigibles ante los órganos de la jurisdicción contencioso-adminitrativa. Por último, y en quinto lugar, responsabilidades criminales, exigibles ante los órganos de la jurisdicción penal.
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