La asistencia jurídica gratuita: Un estudio de derecho comparado entre Ecuador y España
- Autores: Patricio Jaime Vargas Rodríguez
- Directores de la Tesis: Diego Medina Morales (dir. tes.), José Jesús Albert Márquez (codir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Córdoba (ESP) ( España ) en 2024
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: José Justo Megías Quirós (presid.), Adolfo Jorge Sánchez Hidalgo (secret.), Leticia Cabrera Caro (voc.)
- Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba
- Materias:
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
- Resumen
1. Introducción o motivación de la tesis:
El presente trabajo de investigación analiza la asistencia jurídica gratuita desde la historia, realidad, perspectiva de España y Ecuador, iniciamos abordando el concepto de justicia, por ello evocamos inmediatamente la noción de otorgar la realización de los derechos de las personas dentro de su entorno social. Estos derechos están legalmente respaldados en documentos de alcance internacional y nacional, lo que brinda a los individuos un sentimiento de seguridad y confianza en ser tratados con respeto. Estos principios se fundamentan en la idea de libertad e igualdad, con la aspiración de permitir a las personas actuar en base a normas que deben ser obedecidas de manera uniforme para evitar discrepancias o preferencias.
Desde la perspectiva de Rawls, la justicia es considerada una virtud central, análoga a la verdad en la ciencia, y un valor fundamental en la sociedad. La ve como una práctica social dentro de una sociedad democrática. Rawls sostiene que cada individuo debe disfrutar de las mismas oportunidades garantizadas a los demás, con la libertad y la equidad para tomar decisiones. En este contexto, plantea que cada individuo tiene igual derecho a un régimen de autonomías básicas dentro de una sociedad justa, relacionado con un sistema de libertades análogo para todos. Esta igualdad de oportunidades es una característica esencial de las sociedades que fomentan la convivencia y el respeto mutuo, buscando la armonía entre los miembros y asegurando que todos sean atendidos con la misma calidad, ya sea en asuntos personales o colectivos. La justicia, en esta visión, aborda la posibilidad de resolver problemas o conflictos que puedan surgir en la sociedad.
Desde perspectivas filosóficas, religiosas, éticas, políticas, legales y sociales, la justicia es un punto esencial para abordar cualquier asunto. La actuación bajo esta perspectiva busca un análisis lógico y racional de los hechos, con el objetivo de encontrar soluciones adecuadas que cumplan con criterios específicos y busquen la satisfacción de las personas en la sociedad en la que se encuentran. En este sentido, la justicia se erige como un principio rector que guía la toma de decisiones y la resolución de conflictos, con el propósito de lograr resultados que sean equitativos y satisfactorios para todos los involucrados.
Es pertinente mencionar el término "Quod Iustum Est", que se refiere a la justicia real y concreta, enmarcada en la filosofía y la práctica jurídica, donde no solo se trata de seguir normas abstractas, sino de lograr soluciones justas y equitativas en situaciones concretas y reales. Este enfoque busca ir más allá de la teoría y aplicar la justicia en la vida cotidiana, considerando las circunstancias específicas de cada caso y las necesidades de las personas involucradas.
En este sentido, Durán expone que la búsqueda y expectativa de que "todo individuo, independientemente de su origen, pueda acceder a la justicia, representa un salto democrático específico, ya que, si todos somos iguales ante la ley, también deberíamos tener igualdad para hacer valer nuestros derechos ante la autoridad de cualquier Estado".
La perspectiva de la autora subraya la importancia de hacer respetar los derechos que cada individuo posee en virtud de los principios de equidad, libertad, compromiso y responsabilidad. Según las normas legal y socialmente establecidas, los comportamientos deben alinearse con lo que es correcto, adecuado y deseado. En este contexto, es fundamental seguir las directrices delineadas en documentos legales en cuanto a qué acciones emprender y cómo llevarlas a cabo. Si estas directrices no se siguen y se incurre en actividades delictivas, es esencial que las consecuencias legales sean acordes con los procedimientos judiciales, de manera que se garantice un proceso justo en función de la naturaleza de la acción cometida.
Es relevante destacar, como un aspecto ampliamente reconocido, la realidad social en la que no todas las personas disfrutan de los mismos beneficios y privilegios. En este contexto, se examinan las clases sociales, las cuales están caracterizadas principalmente por los ingresos y las riquezas que pueden influir en la vida de los individuos. Es pertinente observar que esta desigualdad puede marcar una diferencia sustancial, incluso si no se pretende. La falta de recursos económicos adecuados podría limitar las oportunidades que todos los individuos tendrían en igual medida.
Al analizar este hecho, la explicación se fundamenta en la Teoría de Justicia de Rawls, quien sostiene que la existencia de diferencias económicas es aceptable solo si benefician a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Según Rawls, esta aceptación se da con la condición de que estas diferencias resulten en una igualdad de oportunidades significativa, más allá de una igualdad meramente formal. A pesar de esto, en la práctica, se puede constatar cómo estas diferencias económicas afectan el desenvolvimiento de las personas, especialmente cuando enfrentan dificultades financieras para ejercer su defensa legal en caso de ser acusadas de algún delito. En este contexto, Rawls presenta los principios de justicia con el enfoque de aplicarlos en su práctica a una sociedad bien ordenada, donde prevalezcan lexicográficamente sobre las concepciones individuales del bien. Él resalta la importancia de atribuir un alto valor al bienestar humano en su enfoque constructivo. Mediante la perspectiva original y el velo de la ignorancia, Rawls enfatiza la igualdad en términos de oportunidades brindadas. Así, nadie debe considerarse superior a otro. Sin embargo, él reconoce la necesidad de lidiar con las desigualdades, ya que, en una sociedad bien estructurada, es crucial atender las necesidades de los menos favorecidos. Rawls argumenta que los principios de justicia, derechos y libertades especificados por estos principios no pueden ser subordinados en tal sociedad por consideraciones de valor y un mayor saldo neto de utilidad social.
Es importante resaltar que la priorización de lo correcto sobre lo bueno es una característica distintiva del constructivismo kantiano. En este enfoque ético, asumir un comportamiento de acuerdo con el deber ser es una obligación compartida. En el contexto de la justicia, esta perspectiva implica proporcionar igualdad de oportunidEades a todos los ciudadanos para defender sus derechos, respaldados por el estado a nivel económico. El estado debe ofrecer asistencia y orientación para garantizar que el proceso legal se lleve a cabo de manera efectiva y sin obstáculos, incluso para aquellos que carecen de los medios financieros.
Por otra parte, queda claro, como lo afirma Massini, que, si el solitario de Königsberg puede ser clasificado entre los constructivistas éticos, ello debe considerarse solo de manera parcial. Al menos, el ideal de la justicia y las formas fundamentales de toda ética no son construidos por el sujeto, sino que son productos objetivos de la razón pura práctica.
Sin embargo, la justicia no solo implica igualdad, sino que también opera, en palabras de Bobbio, "bien como diferenciación de lo desigual, bien como unificación de lo igual" . Esto se refiere a que la justicia se materializa como igualdad de tratamiento hacia todos los miembros de una misma categoría esencial. Este concepto se logra al brindar igualdad de oportunidades en áreas como educación, salud, economía, seguridad, servicios, ocupación y calidad de vida. El Estado es responsable de proporcionar estas opciones, especialmente a aquellos que carecen de recursos. Por lo tanto, es esencial asegurar servicios de salud, educación, cultura, bienestar social y asistencia legal de manera gratuita.
En este contexto, es importante aclarar que la justicia gratuita, que es el enfoque central de este estudio sobre la asistencia jurídica gratuita, reviste gran relevancia. Esto se debe a que permite brindar oportunidades a las personas que carecen de los recursos económicos necesarios para llevar adelante un proceso judicial en el que estén involucradas. Gracias a la justicia gratuita, estas personas tienen la posibilidad de acceder a la defensa legal sin tener que preocuparse por los costos asociados.
Según la afirmación del profesor Miguel Cid Cebrián, la conceptualización del beneficio de la "justicia gratuita siempre ha partido de su configuración como un derecho habilitante para el acceso a la acción y litigación ante los tribunales. Este derecho se otorga a aquellas personas que carecen de suficiente capacidad económica para hacer frente a los costos asociados con la Administración de Justicia.
En España, la Constitución establece la importancia de eliminar los obstáculos que puedan impedir que las personas accedan a este principio fundamental. El artículo 119 de la Constitución Española establece de manera precisa que "La Justicia será gratuita cuando así lo ordene la Ley y, en todo proceso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". Sin embargo, es necesario demostrar la insuficiencia de recursos de acuerdo con requisitos específicos establecidos.
De acuerdo con Durán, la gratuidad de la justicia es un derecho indivisible cuyo objetivo radica en asegurar la igualdad en la defensa y la dignidad procesal para aquellos que carecen de suficientes recursos económicos. Est medida se orienta a salvaguardar los intereses de la justicia para cada individuo, adaptándose a su situación y circunstancias particulares.
Siguiendo esta línea de pensamiento, en Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de gratuidad, indicando que "El acceso a la administración de justicia es gratuito". Esto implica que se promueve el acceso sin costo a la justicia para las personas de bajos recursos, evitando que se sientan desamparadas. En este sentido, el Estado asigna un defensor público de manera gratuita para investigar y defender su caso. Esta disposición busca garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades ante la ley, en consonancia con el principio de igualdad que prevalece en el sistema de justicia.
En relación con esto, Grande sostiene que proporcionar defensa legal a través de la justicia gratuita no solo implica garantizar el acceso sin costo a un abogado, sino también asegurar el derecho a un abogado competente y comprometido con el caso en cuestión. Esto permite que la persona se sienta representada y defendida de manera adecuada, sin sufrir riesgos derivados de la falta de recursos económicos. En este contexto, el Estado asume la responsabilidad de cubrir los gastos asociados al proceso legal, asegurando un tratamiento imparcial y justo.
El concepto de justicia gratuita tiene como objetivo principal asegurar el respeto de los derechos individuales, e línea con las palabras de Ferrajoli, quien afirma que "el derecho es la garantía de los más frágiles frente a los más poderosos". Esto implica considerar y valorar los derechos tradicionales individuales, así como proteger "los derechos sociales desconocidos y abandonados por las teorías tradicionales". En este contexto, la asistencia jurídica gratuita busca ofrecer opciones a las personas para que se sientan respaldadas y reciban orientación adecuada antes y durante un proceso judicial.
Para contextualizar esto, Picó i Junoy argumenta que los derechos individuales y sus garantías son cuestiones distintas, siendo las garantías legislativas procesales los medios legales a través de los cuales se asegura la realización y validez de los derechos constitucionales. Esto posibilita el respeto de los derechos constitucionales y el propósito de la constitucionalización de las garantías legales es permitir la actuación de la justicia como valor supremo del simbolismo jurídico.
En este sentido, la asistencia jurídica gratuita se concibe como una herramienta que otorga a las personas el acceso a la justicia independientemente de su situación económica. Esta noción se aprecia en el ámbito internacional y se aplica específicamente en el contexto de España y Ecuador, como se aborda en este estudio. En la vida cotidiana, las personas están expuestas a la posibilidad de cometer delitos, ya sean menores o mayores, debido a su interacción y convivencia con otros individuos. Desde la perspectiva jurídica, un delito se refiere a cualquier acción voluntaria que viole una ley penal. En este sentido, Peña y Almanza citan a Carrara, quien sostiene que un delito es una entidad jurídica creada por la ley, no un fenómeno social. Implica infringir l ley estatal establecida para proteger la seguridad de la sociedad, resultado de un acto humano externo, positivo negativo, moralmente imputable y políticamente perjudicial. Por lo tanto, se trata de una infracción y se presum que la antijuridicidad es inherente al delito, no solo un elemento. En cualquier caso, la persona debe rendir cuentas por sus acciones y tiene derecho a la defensa en un proceso legal justo. La expresión de Robert Alexis plantea que el caso debe resolverse mediante ponderación, donde todo depende de si "el interés del inculpado contrario a la celebración, en el caso concreto, pesa de un modo claro y esencialmente más que los intereses a cuya protección debe servir la medida estatal".
Desde una perspectiva humana y legal, cuando alguien comete un delito, tiene el derecho de ser juzgado por sus acciones frente a la sociedad, especialmente en relación con sus deberes. Si no cumple con estos deberes, debe demostrar las razones detrás de su comportamiento, lo que implica un derecho. En el ámbito legal, esto se relaciona con la asistencia jurídica y, en particular, con la justicia gratuita.
En este contexto, el logro de la asistencia a la tutela judicial es encomiable, tal como lo destaca Durán al afirm que es uno de los beneficios clave de las sociedades democráticas. En consecuencia, toda persona puede accede a la justicia y hacer valer sus derechos ante la jurisdicción del Estado, y este acceso se vuelve aún más significativo cuando se brinda de manera gratuita. Esto significa que los costos son asumidos por el Estado, lo que permite a la persona defenderse en relación con las acusaciones en un proceso legal.
