Resumen de El derecho a una buena administración: responsabilidad de los grupos públicos
La presente tesis es producto de una preocupación por la grave crisis que sufre nuestra sociedad y la toma de consciencia de las dificultades que se presentan a la ciudadanía a la hora de ejercer sus derechos y de los insuficientes instrumentos de participación políticas disponibles hasta el momento.
Se aborda el estudio del derecho a una buena Administración Pública en el ordenamiento español y comparado, en un intento de justificar su codificación como derecho fundamental. Además, se pretende dilucidar la responsabilidad de los cargos públicos respecto a la buena Administración Pública, y encontrar el fundamento suficiente para sostener que el ejercicio de las funciones públicas debe estar sujeto a un control más exhaustivo tanto por parte de los poderes públicos, como por parte de la ciudadanía.
A tal fin se realiza un análisis de la nueva Ley de Transparencia, que se califica como norma oropel, pues ya existe una importante regulación, que afecta a los políticos y a los altos cargos públicos, aunque no está de más en cuanto fija normas de publicidad activa y de garantía de acceso de los ciudadanos a la información pública; además de imponer el régimen de transparencia a todas las instituciones que perciban ingresos procedentes de fondos públicos, incluidos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesiones, Iglesia y casa real.
Por otro lado, se proponen entre otras medidas para lograr el cambio en la Administración Pública:
¿ Contar con personal competente con principios éticos, , ¿ Contar con unos presupuestos trasparentes y equilibrados ¿ Garantizar un poder judicial independiente, que exigiría:
¿ La fiscalización sobre los cargos públicos ¿ Las reformas legislativas, y ¿ El refuerzo del uso de las nuevas tecnologías para facilitar la gestión administrativa, así como el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
Asimismo, se recuerda que el reconocimiento y eficacia del derecho fundamental a una buena Administración Pública depende no solo de los políticos y funcionarios, sino también del «pueblo soberano», que no solo tiene el derecho fundamental de participar en la vida pública, sino el deber de reclamar su protagonismo político a través de la democratización de los partidos políticos, la renovación de la clase política, la iniciativa legislativa popular, el referéndum popular, o las organizaciones de consumidores, por ejemplo.
En conclusión: es necesario, que la responsabilidad se imponga en todos los órdenes y a todos los servidores públicos. Los abusos entre los cargos públicos en ningún caso pueden quedar impunes, porque hacerles responsables contribuye a evitar la repetición de las violaciones de los derechos.
