El propósito de la presente investigación consiste en analizar el mandato constitucional de estructura interna y funcionamiento democráticos que el artículo 6 de la Constitución española (CE) preceptúa para los partidos políticos. Pese a la apatía que en ocasiones despiertan y a los profundos cambios que puedan estar experimentando, la imprescindibilidad de estas asociaciones «constitucionalmente cualificadas», en tanto que instrumentos fundamentales para la participación política, es una realidad que sigue estando fuera de toda duda. Por ello, y atendiendo al importante rol público que desempeñan en nuestro sistema político, el constituyente optó por restringir su autonomía privada y exigirles unas dinámicas organizativas respetuosas con los principios democráticos para poder reforzar la legitimidad general del circuito representativo y no distorsionar los procesos de conformación de la voluntad popular. Definir el alcance e implicaciones jurídicas de dicha exigencia constitucional es una de las principales claves metodológicas de este trabajo. En este sentido, se propone un concepto de democracia interna articulado mediante dimensiones y principios con el objetivo de identificar las áreas organizativas en las que dicho mandato debe proyectarse y los intereses jurídicos que se han de proteger. Este esfuerzo conceptual queda sintetizado en la comprensión jurídico-constitucional de la democracia interna como un «estatuto de las minorías intrapartidistas»; categoría que, además, encuentra un adecuado encaje con el modelo de partido contemporáneo, caracterizado por la pérdida de sustrato asociativo, el debilitamiento de sus estructuras orgánicas, la alteración de sus funciones y el impacto que le provocan algunos factores ambientales, como el auge del populismo y los procesos de digitalización.
Partiendo de este nuevo paradigma que ayuda a identificar el grado de democratización del funcionamiento de las organizaciones partidistas, se procede a analizar el modo en que los poderes públicos contribuyen a asegurar la vigencia del mandato consagrado en el artículo 6 CE. Primero, se examina la labor del legislador español desde una doble perspectiva: comparada –integrando las recomendaciones de la Comisión de Venecia y las experiencias italiana, alemana y portuguesa– y cronológica –detallando los avances alcanzados con las sucesivas reformas legislativas aprobadas en nuestro país–. Todo ello se compagina con una revisión valorativa de los aspectos que aún son susceptibles de mejora, sugiriendo regulaciones alternativas que puedan contribuir a la consecución de un ecosistema más democrático en el seno de los partidos españoles.
Por último, se pone de relieve la importancia de un control judicial garantista que respalde la exigibilidad de lo dispuesto en leyes y estatutos como premisa esencial para cumplir con el mandato constitucional de democracia interna. La difícil labor de los tribunales consiste en conciliar el respeto a la libertad organizativa de los partidos con la tutela efectiva de los derechos de los afiliados; por ello, se examina con mirada crítica la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional y el desarrollo que de la misma ha hecho el Tribunal Supremo, planteando nuevos parámetros que reequilibran las posiciones jurídicas del partido y sus miembros, con el fin de corregir la desprotección que sufren estos últimos al amparo del principio de no injerencia. Esta tesis doctoral se cierra con una reflexión sobre el estatuto jurídico de quienes ostentan la doble condición de afiliados y cargos públicos. Sin duda, son supuestos que merecen un análisis singularizado porque las vicisitudes de su relación con el partido no sólo tienen impacto en la vida asociativa del mismo, sino que repercuten en la composición y funcionamiento de las instituciones representativas. También aquí se comprobará que los tribunales desempeñan un papel fundamental como últimos garantes de la sujeción de los partidos al imperio del Derecho.
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