Causas y efectos de la vulneración del derecho a la efectividad de las sentencias que condenaron al estado peruano al pago de sumas dinerarias en los procesos contenciosos administrativos de los juzgados civiles de San Román del distrito judicial de Puno, 2015-2019

• Autores: María Luisa Padilla Arpita
• Directores de la Tesis: Eduardo Jesús Meza Flores (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Católica de Santa María ( Perú ) en 2022
• Idioma: español
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: repositorio.ucsm.edu.pe
• Resumen

  • En el presente trabajo de investigación hemos revisado y analizado la doctrina autorizada, normatividad jurídica y jurisprudencia sobre la ejecución de sentencias que condenaron al Estado peruano al pago de sumas de dinero en los procesos contenciosos administrativos;

    también hemos revisado y analizado120 expedientes judiciales de esa naturaleza de los Juzgados Civiles de San Román – Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno de los años 2015 al 2019.

    En base a dicho análisis descubrimos que constituyen causas jurídicas sustanciales que vulneran el derecho a la efectividad de las sentencias que condenaron al Estado peruano al pago de sumas de dinero en los procesos contenciosos administrativos: 1) La inembargabilidad de los bienes del Estado; 2) Los principios presupuestarios de legalidad y anualidad del Sistema Nacional del Presupuesto regulado por el Decreto Legislativo N°1440; 3) El pago de las sentencias judiciales regulado por el artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1440.

    Asimismo, descubrimos que constituyen causas procesales que afectan el derecho a la efectividad de las sentencias: 1) El complejo procedimiento de pago de las sentencias judiciales previsto en el artículo 46° de la Ley N° 27584; 2) Las facultades coercitivas insuficientes del Juez en lo Contencioso Administrativo para hacer cumplir las sentencias.

    También descubrimos que son causas que afectan el derecho a la efectividad de las sentencias: 1) Las prácticas procesales inadecuadas del Juez ejecutor de sentencias judiciales, que sólo se limita a requerir al ente deudor, para luego remitir el expediente al Archivo General sin que se haya ejecutado completamente la sentencia; 2) La inactividad procesal de la entidad pública demandada y de los demandantes.

    En ese contexto, de la revisión y análisis de los citados 120 expedientes, observamos que en solo 03 expedientes la sentencia se ha ejecutado en su totalidad, mientras que en los 117 expedientes restantes, la sentencia a la fecha no se ha ejecutado, vulnerándose así el derecho a la efectividad de sentencias judiciales.