La Unión Europea, ya sea para constituir una Unión de Derecho o para asegurar la equidad en los procesos penales transfronterizos, debe perseguir un objetivo de efectividad del derecho de defensa en estos procesos. Sin embargo, la realidad es otra: el derecho de defensa no es efectivo en los procesos penales transfronterizos, tal y como lo demuestra esta tesis mediante el ejemplo de los procesos entre Francia y España. Para que se realice este objetivo, se proponen varias medidas. Primero, se debería adoptar un instrumento normativo de la Unión Europea sobre el derecho de defensa en los procesos penales transfronterizos, y, segundo, es necesario crear estructuras operacionales europeas que permitan restablecer la igualdad de armas entre las autoridades represivas y la defensa.
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