El siglo XX, una centuria que ha pasado a la historia como una época marcada por la magnitud de las tragedias y los métodos de destrucción utilizados, conoce en la década de 1980 la emergencia y desarrollo del discurso de la Memoria, el cual, como política sobre el pasado que se plasma en el tiempo presente, persigue tanto el reconocimiento y recuerdo de las víctimas de los sucesos traumáticos como tener un sentido de utilidad pública enfocado a la educación de las nuevas generaciones y a la prevención de futuros conflictos.
No obstante, en la determinación del contenido y forma de la narrativa histórica de aquellos sucesos, pueden acaecer tensiones entre la política de la Memoria y la disciplina de la Historia, la cual investiga y estudia los hechos del pasado para su comprensión. Así, la aspiración que pueden tener gobiernos o grupos de interés en proponer una ley como medio para sustentar y proteger una concreta forma de representación histórica hace de la memoria una política de la historia que supone una forma de intervención jurídico-política en el ámbito de los estudios históricos, puesto que una narración histórica que no se ajuste a lo estipulado en las leyes puede ser objeto de sanción penal. En este contexto, el papel del historiador es ambivalente y puede ser tanto el de alguien comprometido con una suerte de «verdad oficial» o, por el contrario, un investigador cuyos trabajos pueden ser considerados ofensivos a la memoria de las víctimas.
Este fenómeno de intervención legislativa ha sido patente desde la década de los años 1990 cuando, en un número creciente de países de Europa, han venido promulgándose normas con finalidad sancionadora como forma de evitar cualquier cuestionamiento sobre temas históricos, sobre la base de que dicho cuestionamiento supone una amenaza para la paz pública y un desafío al consenso histórico e ideológico existente tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido una creciente judicialización de la historia.
Origen y paradigma de esta intervención del Derecho es el llamado revisionismo histórico -denominado habitualmente negacionismo- de los hechos traumáticos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Holocausto, motivo por el cual hemos tomado revisionismo como referencia en nuestro trabajo, dedicando también un apartado a exponer las características que presenta en nuestro país la política memorial.
Sin embargo, la cuestión de si el recurso a la ley para dirimir temas históricos en general o para hacer frente al revisionismo en particular es aceptable y necesario, tanto desde un punto de vista historiográfico como jurídico, ha motivado respuestas críticas que recogemos aquí pretendiendo con ello dar un panorama lo más exacto posible acerca de esta controversia.
The 20th century, a century that has gone down in history as an era marked by the magnitude of the tragedies and the used methods of destruction, saw in the 1980s the emergence and development of the discourse of Memory, which, as a policy on the past that takes shape in the present time, seeks both to acknowledge and remember the victims of traumatic events and to have a sense of public utility focused on the education of new generations and the prevention of future conflicts. However, tensions can arise between the politics of memory and the discipline of history, which researches and studies the events of the past in order to understand them, when determining the content and form of the historical narrative of those events. Thus, the aspiration that governments or interest groups may have in proposing a law as a means of sustaining and protecting a particular form of historical representation makes memory a politics of history that involves a form of legal-political intervention in the field of historical studies, since a historical narrative that does not conform to the stipulations of the law may be subject to criminal sanction. In this context, the role of the historian is ambivalent and can be either that of someone committed to a kind of "official truth" or, on the contrary, a researcher whose work may be considered offensive to the memory of the victims.
This phenomenon of legislative intervention has been evident since the 1990s when, in a growing number of European countries, punitive legislation has been enacted as a way of preventing any questioning of historical issues, on the grounds that such questioning is a threat to public peace and a challenge to the historical and ideological consensus that existed after the Second World War. The result has been an increasing judicialization of history.
The origin and paradigm of this legal intervention is the so-called historical revisionism - usually referred to as negationism - of the traumatic events of the Second World War, especially the Holocaust, which is why we have taken revisionism as a reference in our work, also devoting a section to explaining the characteristics of memorial policy in our country.
However, the question of whether the recourse to the law to settle historical issues in general or to deal with revisionism in particular is acceptable and necessary, both from a historiographical and legal point of view, has prompted critical responses which we have collected here in an attempt to give as accurate a picture as possible of this controversy.
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