Las constituciones modernas inauguraron un vasto sistema de protección social. En materia de salud, en el caso brasileño se adoptó un modelo progresivo de acceso universal e igualitario, con tratamiento integral. A su vez, la garantía de este derecho social impone al Estado altos costos, que deben integrar un complejo arreglo de formulación y ejecución de políticas públicas específicas, capaces de implementar este acceso de manera progresiva, eficiente e isonómica. Además, aun siendo conscientes de la imposibilidad de competencia, es imperativo señalar que, cuando el Poder Judicial interviene para imponer la ejecución de beneficios específicos, termina actuando sin conciencia económica del costo general de las acciones públicas, ni conciencia política del tratamiento isonómico trazado por los poderes democráticamente constituidos (Legislativo y Ejecutivo), provocando un severo desequilibrio sistémico. A partir de este escenario surge una pregunta: ¿Es posible efectuar el acceso a la salud a través del sistema judicial sin impactar negativamente la implementación general de las políticas públicas de salud? Creemos que el actual modelo de toma de decisiones en el acceso a la salud causa un daño enorme a la realización del derecho social, hecho que lleva a la hipótesis de la necesidad de una reducción profunda del poder de intervención del Poder Judicial en la ejecución de las políticas públicas. En este sentido, pretendemos analizar críticamente el proceso de judicialización de las políticas públicas de salud, para, bajo el sesgo de la institucionalidad, proponer un cambio profundo en el rol del Poder Judicial en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en el ámbito de esta investigación de enfoque hipotético-deductivo y de documentación directa e indirecta, por fuentes documentales, bibliográficas y jurisprudenciales.
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