El objetivo de esta tesis es el estudio, en clave procesal, de las normas de los Artículos 238 y 239 de Ley de sociedades de capital que disciplina el ejercicio de la acción social de responsabilidad de los administradores e instrumentalizan la forma en la que la sociedad o, en su caso, los socios deben ejercitar la acción de resarcimiento de los daños ocasionados por los administradores en las funciones propias de su campo cuando dichos daños se producen en el patrimonio de la sociedad.
Estas normas, que llamamos instrumentales, son procesales y van dirigidas principalmente al juez que tiene el deber de aplicarlas con todas sus consecuencias vinculando, por consiguiente, a las partes intervinientes en el proceso. Regulan aspectos del proceso, o de la relación jurídica procesal y son a las que tienen que acudir la sociedad si quiere ver reparado su patrimonio. Ello exige que deban ser interpretadas de acuerdo con los criterios propios del Derecho procesal, aplicando a ello la dogmática y los conceptos procesales que han sido elaborados por la doctrina científica y jurisprudencial y que, de forma concreta, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se refieren y regulan el modo en cómo la sociedad puede pretender y pretende, según la Ley, la tutela judicial efectiva de su derecho.
Siendo así, se deduce un régimen especialísimo procesal en el que se ha facultado de forma exclusiva y excluyente a la Junta de socios para la toma de una decisión de esencial importancia para el orden jurídico como es la decisión del ejercitar la acción social, como igualmente se ha disciplinado un régimen procesal para que la acción de la sociedad pueda ser ejercitada en sustitución – por expropiación del poder de disposición del derecho que se perpetua en todas las instancias de la tutela - por unos socios que conforman una minoría si se da alguno de los supuestos reglados en la norma de inactividad o pasividad de la sociedad en la defensa de sus intereses; como, también, se ha disciplinado un régimen de renuncia o transacción al ejercicio de la acción dejando en manos de la Junta tal disposición, haciéndose depender, no obstante, de que no se oponga una minoría, manteniéndose así la coherencia del principio dispositivo en torno a la legitimación procesal.
Este régimen especialísimo determina que la acción solo pueda ser ejercitada por la sociedad o la minoría, nunca conjuntamente, que la acción perezca para la sociedad cuando se interpone la demanda por la minoría y que la sociedad no pueda intervenir en el proceso iniciado por los socios, ni estos en el iniciado por la sociedad.
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The aim of this thesis is to study, from a procedural perspective, the rules of Articles 238 and 239 of the Spanish Capital Companies Law which regulate the directors' liability action and specify the way in which the company or, where the case may be, the shareholders, must bring an action for damages caused by the directors when they infringed their director´s duties or obligations causing damages to the patrimony of the company.
These rules, which we call instrumental, are of a procedural nature and are mainly directed to the judge, who has the duty to apply them with all their consequences, thus binding the parties involved in the process. They regulate aspects of the judicial process, or of the procedural legal relationship, and are those to which company must recourse if it wants to see its patrimony restored. This means that they must be interpreted in accordance with the criteria of procedural law, applying the dogmatic and procedural concepts that have been developed by academic and jurisprudential doctrine and which, in precise terms, within our legal system, refer to and regulate the way in which company can bring a corporate liability action.
This being so, a very special procedural regime can be inferred from these rules in which the General Meeting of Shareholders has been empowered with excluding and exclusive powers to take a decision of essential importance for the legal system, such as the decision to bring a corporate liability action against the administrator. It also provides a procedural system so that the corporate liability action can be brought by the shareholders who form a minority. The set of rules governing the waiver or settlement of the corporate liability action has also been defined, leaving this decision in the hands of the general meeting, albeit subject to the absence of opposition from a minority, thus maintaining the coherence of the system designed regarding the procedural legal standing to bring the corporate liability action. This very special regime determines that the action can only be brought by the company or by the minority, never jointly, that the action perishes for the company when the claim is brought by the minority and that the company cannot intervene in the proceedings brought by the shareholders, nor can the shareholders intervene in the proceedings brought by the company.
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