La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación no ha cesado, sino que ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. Por su parte, las ventajas que ofrece el ciberespacio no han sido desaprovechadas por los ciudadanos como personas físicas individuales, pero tampoco han pasado desapercibidas en el marco empresarial e institucional; se ha mejorado el funcionamiento de las diferentes entidades públicas y privadas, las cuales se encuentran conectadas en la actualidad y entre las que encontramos a la infraestructuras críticas y estratégicas.
En las últimas décadas, debemos reseñar dos situaciones que han puesto en jaque a diferentes instituciones: por un lado, han tenido que adaptar su infraestructura para poder continuar ofreciendo los servicios esenciales de un modo remoto y, por otro lado, se ha producido el colapso de algunas de las entidades básicas para el funcionamiento estatal y la seguridad nacional.
Sin embargo, de igual modo, los beneficios que podemos obtener de las TIC han sido rápidamente aprovechados por los delincuentes. La tecnología se ha convertido en un elemento básico para la actuación delictiva, lo que ha ocasionado la aparición de la ciberdelincuencia; desde la aparición de Internet ya se detectaron los primeros ataques, los cuales no han cesado desde entonces. La acelerada digitalización que se ha experimentado en los últimos años ha provocado, además, que la actividad delictiva se desplace significativamente al ciberespacio, aumentando los diferentes tipos de ciberdelitos que pueden perpetrarse a través del mismo.
Los ciberdelincuentes se han aprovechado de las características inherentes al ciberespacio, las cuales se presentan como obstáculos para los operadores jurídicos competentes para la investigación y represión de estas tipologías delictivas; dificultades como el anonimato que ofrece la red, el desarrollo del crimen como servicio, la inmediatez delictiva, la programación de ataques persistentes, la ausencia de fronteras, entre otras. En particular los citados hándicaps se incrementan cuando nos encontramos ante ciberdelincuencia grave y organizada.
Como ha sido objeto de análisis en la presente investigación, la previsión legal de los ciberdelitos no va a ser la única medida que deberá adoptar la comunidad internacional para poder reprimir y minimizar este tipo de ataques. En este sentido, se identifican las herramientas del Derecho procesal como necesarias para implementar medidas que permitan investigar y enjuiciar este tipo de hechos; entre las que destacan las diligencias de investigación tecnológicas. Además, se ha identificado la respuesta procesal como fundamental para garantizar la seguridad nacional e internacional.
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