El régimen jurídico de la prevención y el control integrados de la contaminación: la aplicación de instrumentos voluntarios de tutela ambiental para facilitar su cumplimiento

• Autores: Jose Antonio Armolea Solabarrieta
• Directores de la Tesis: Iñaki Lasagabaster Herrarte (dir. tes.), José Ignacio Cubero Marcos (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ( España ) en 2021
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Martín María Razquin Lizarraga (presid.), María Nieves Arrese Iriondo (secret.), Josep Ramon Fuentes i Gasó (voc.)
• Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Derechos Humanos, Poderes Públicos, Unión Europea: Derecho Público y Privado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho administrativo
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: ADDI
• Resumen

  • La normativa para la prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC) supuso un cambio radical en la forma de acometer la protección del medio ambiente en la Unión Europea. La Directiva 2010/75 de 24 de noviembre, y su normativa de transposición en el Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, contemplan exigentes requisitos para las actividades sometidas a ella. Las dificultades que el permanente cumplimiento de estas obligaciones conlleva para las actividades IPPC y la necesidad de un estricto control por parte de la Administración pública, hace imprescindible identificar instrumentos que faciliten la realización de estas actuaciones. Los instrumentos voluntarios de tutela ambiental pueden permitir alcanzar este objetivo. En este sentido, los acuerdos en materia de medio ambiente constituyen una alternativa a los instrumentos tradicionales de intervención ambiental como las autorizaciones, licencias y permisos. Para que sea posible su uso es preciso identificar, previamente, los elementos discrecionales que están presentes en la normativa IPPC y sobre los cuales es factible desarrollar una negociación público-privada. Los acuerdos deben ser suscritos cumpliendo los requisitos que la normativa que se aplica a ellos establece con el fin de que sean efectivos y se garantice la seguridad jurídica que debe presidir las actuaciones para la tutela ambiental.Junto a esto, los sistemas de gestión ambiental voluntarios, en especial el sistema europeo de ecogestión y auditoria medioambientales, EMAS, constituyen también una posible alternativa para facilitar el cumplimiento de la normativa IPPC.