Resumen de Las obligaciones de transparencia de los sujetos privados en la protección de intereses públicos
A través del estudio llevado a cabo para la realización de la presente tesis doctoral titulada “Las obligaciones de transparencia de los sujetos privados en la protección de intereses públicos” se pretende determinar con exactitud el juego de obligaciones que el entramado de agentes privados -no públicos- que a día de hoy pululan en torno a la Administración prestando servicios públicos, desarrollando potestades o funciones administrativas, o colaborando en su ejercicio, tienen en materia de transparencia pública. Para ello, en el trabajo se examinan las diferentes gradaciones e intensidades con las que la legislación somete a estos sujetos a esas obligaciones, procurando explicarlas, compararlas, identificar a qué se deben y, en última instancia, proponer la lógica que se sigue para realizar la graduación dependiendo de los intereses públicos en conflicto y realizar sugerencias de lege ferenda que otorguen de mayor consistencia y coherencia el régimen normativo general en el que estas obligaciones se articulan.
El devenir acontecido por los procesos de externalización de funciones públicas, así como la liberalización de sectores tradicionalmente públicos han supuesto una reconfiguración del ámbito material y subjetivo del Derecho administrativo, que ha pasado de ser un Derecho de las Administraciones públicas -tanto en lo que se refiere a la relación de los individuos con el poder público a través de procedimientos administrativos, como en su organización y funcionamiento- a un Derecho que recoge la participación de nuevos sujetos en la realización de funciones públicas y que incide en el ámbito privado a través de nuevas manifestaciones menos rígidas y de carácter más general, ya sea con una labor de normación o de control. De igual manera los mecanismos de prohibición han sido comúnmente sustituidos por los de control, entre los que la transparencia ha adoptado un papel protagonista como factor garante de los intereses públicos en la realización de actuaciones cuyo correcto desempeño debe ser legítimamente exigido por los ciudadanos, en tanto que su inobservancia podría afectarles de forma negativa.
Mediante el presente estudio se trata de aportar una teoría unitaria del tratamiento jurídico de tres tipos de sujetos -las entidades privadas que reciben financiación pública; los sujetos que ejercen funciones o potestades administrativas; y los prestadores de servicios públicos- a partir de las previsiones de los arts. 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliados en sus ámbitos competenciales en las respectivas leyes autonómicas que se han ido aprobando en la materia. El trabajo se inicia con un estudio inicial de la transparencia en su conjunto que pretende dar a conocer qué medidas de transparencia pública existen, su proyección sobre los sujetos privados, y las funciones a las que responden. A continuación, se analizan los problemas derivados de la concepción estatutaria que siguen las normas jurídico-administrativas, identificando los costes y beneficios que supone la transparencia en su aplicación a los agentes que forman parte del ámbito de aplicación de la tesis, así como apuntando sus puntos de intersección con otros intereses en conflicto (autonomía privada, confidencialidad empresarial…). Dicho análisis pormenorizado de la regulación de cada uno de los sujetos concernidos es realizado con el propósito de extraer conclusiones acerca de cómo estas medidas afectan a la participación en la toma de decisiones de los operadores privados y si el régimen es adecuado para dar una respuesta efectiva a la protección de intereses públicos que pretende la transparencia. Y finalmente, se va analizando cómo se articula en la normativa la extensión de las obligaciones de transparencia pública a los sujetos privados que integran el ámbito de aplicación de esta tesis. Todo ello, con el objetivo final de alcanzar una serie de propuestas de mejora en la regulación y criterios orientadores al legislador que serán de utilidad para justificar la procedencia de extender las obligaciones de transparencia administrativa a sujetos privados en atención a los intereses públicos que manejan, así como el modo en que hacerlo.
