Resumen de Construcción de la paz territorial y la paz ambiental en un contexto de cambio climático en colombia. Casos de estudio antioquia y guaviare
Esta tesis doctoral quiere hacer un aporte académico e investigativo al área de las ciencias sociales, particularmente a tres líneas de estudio e investigación: cambio climático, conflictividad socioambiental, y conflicto armado y postconflicto. En este sentido la contribución se da en tres aspectos que están completamente ligados en el caso colombiano. El primero, es develar la relación que tiene la adaptación al cambio climático y la implementación del Punto uno del Acuerdo Final, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, entre el presiente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El segundo, es proponer una definición de paz ambiental que se pueda usar bajo cualquier contexto, y que sea transversal a cualquier conflictividad derivada de las injusticias sociales, ambientales y climáticas. El tercero, es participar en el debate académico que existe sobre la conceptualización de la paz territorial.
El punto de partida de esta investigación es una caracterización de Colombia, en que la que se describe y se analiza la vulnerabilidad que tiene frente al cambio climático. Por descontado, la posición geográfica, el nivel de desarrollo y las condiciones económicas y sociales, inciden considerablemente. Empero, el historial de conflictividad social en los territorios hace que Colombia sea aún más vulnerable.
En este sentido, entre 2000 y 2016 se registraron 179 conflictos sociales, el 57,5% de ellos fueron causados por factores ambientales (Valencia y Riaño, 2017). Con la firma del Acuerdo Final esta conflictividad aumentó de forma particular en el sur del país, siendo la ‘deforestación sin control’ la mayor manifestación. Por lo tanto, 2016 se convirtió en un año icónico para la historia del país, no solo por las connotaciones políticas sino también por las repercusiones ambientales. El postconflicto está generando unos pasivos ambientales sin precedentes en el país, incluso en puntos calientes de biodiversidad que el conflicto armado ayudo a conservar. Frente a los efectos territoriales y heterogéneos del cambio climático, esta nueva conflictividad socioambiental se puede o bien profundizar, o bien crear nuevas espirales de violencia.
Parte de esta conflictividad responde también al cumplimiento tardío de lo pactado en el Acuerdo Final, particularmente del Punto 1 que se enfoca en la Reforma Rural Integral. Aunque ya han pasado más de cuatro años desde su firma, en 2018 –dos años después de la firma– el partido político, que se opuso abiertamente desde el principio a las negociaciones y a lo acordado, asumió la Presidencia de la República. Esto implicó que la implementación se volviera aún más lenta.
Cuando el gobierno de Iván Duque empezó su mandato presidencial constitucional la deforestación era –y sigue siendo– el principal flagelo ambiental en Colombia. Como una primera respuesta, la Política Nacional de Defensa y Seguridad reconoció, por primera vez, que la biodiversidad y el capital natural son un bien estratégico y activo de la nación. También, por primera vez, se señaló que la deforestación y el cambio climático son una amenaza para la seguridad del territorio. A pesar de esto, el capital natural colombiano jamás había estado tan amenazado como en este momento.
Teniendo en cuenta el escenario anterior, esta investigación demuestra como el Punto uno, y particularmente los instrumentos de ordenamiento territorial que creó: Plan de Zonificación Ambiental [PZA] y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial [PDET]. Este último instrumento se elaboró de manera concertada y participativa a partir de tres pasos que respondieron a tres escalas de ordenamiento territorial y administrativo diferente: i. los Pactos Comunitarios para la Transformación Regional [PCTR] que se construyeron a nivel veredal; ii. los Pactos Municipales para la transformación Regional [PMTR] elaborados a nivel municipal; y, iii. los Planes de Acción de Transformación Regional [PATR] diseñados a nivel regional.
Tanto el PZA como los PDET se convierten en la piedra angular para conservar el capital natural y minimizar la conflictividad socioambiental que se deriva de su degradación. Por consiguiente, es importante destacar que la lenta implementación del Acuerdo está evidenciando que el camino para construir la paz en los territorios se está convirtiendo en una amenaza para el medio ambiente. Por lo tanto, es imperativo hacer también la paz con el medio ambiente, máxime cuando estos hechos disminuyen la capacidad de adaptación al cambio climático de los territorios y sus comunidades.
Para profundizar las dinámicas previamente citadas se escogieron dos departamentos, Antioquia y Guaviare. El primero tienes dos subregiones PATR, las cuales se han caracterizado por ser las más violentas del departamento. Además, la mayoría de sus municipios tienen un riesgo climático alto, presentan alta conflictividad socioambiental asociada al uso del suelo, tienen altos niveles de pobreza en las zonas rurales y elevados registros de extracción ilícita de minerales. Estas condiciones agravan más la vulnerabilidad climática de las comunidades.
En lo que respecta al Guaviare, este departamento hace parte de una subregión PATR y está localizado en la región geográfica ambiental de la Amazonía Colombiana. Es la puerta norte de entrada a este bioma que presta un servicio ecosistémico de regulación hídrica y de seguridad climática, altamente amenazado por la deforestación. La población guaviarense también tiene altos índices de necesidades básicas insatisfechas y una alta conflictividad socioambiental asociada al uso del territorio, que aumentó significativamente desde la firma del Acuerdo Final.
La colonización de la selva virgen es el resultado de la lenta implementación del Acuerdo Final, pero también de la incapacidad que ha tenido el Estado de ser la autoridad ambiental que en su momento fueron las FARC-EP por razones estratégicas y militares. La transformación de la Región Amazónica se hace con el fin de acaparar de tierras, y así convertir el suelo con vocación forestal en pastizales que permitan el desarrollo de actividades ganaderas y agroindustriales, principalmente. Paradójicamente, desde la legalidad también se han impulsado estas dinámicas de deforestación puesto que, desde hace varios años se ha venido, por un lado, fortaleciendo el hato ganadero; y, por el otro, vendiendo la idea de que los campesinos desean cultivar palma africana. Estas condiciones agravan la vulnerabilidad de la población frente a las consecuencias del cambio climático.
Teniendo en consideración las consecuencias del cambio climático y la implementación del Punto uno del Acuerdo Final, esta tesis doctoral demuestra y analiza cómo la construcción concertada del PDET y sus iniciativas que están encaminadas a la construcción de paz territorial sirven, por un lado, como estrategias de Adaptación y gestión de riesgo Basado en Comunidades [AbC] y de Adaptación y gestión de riesgo Basado en Ecosistemas [AbE]. Y, por el otro lado, son alicientes para alcanzar la paz ambiental.
