El crowdfunding (financiación participativa), como una de las formas más novedosas de financiación, ha logrado una gran atención en España y en todo el mundo por sus características de pequeño tamaño y eficiencia. Este método de financiación alternativo, apoyado por la economía de plataforma, satisface tanto la necesidad de capital de los financiadores como las exigencias de rentabilidad de los inversores.
Esta forma de financiación fue regulada en España por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que ha formado un sistema de transacción y supervisión centrado en las plataformas de financiación participativa, si bien el desarrollo de este nuevo mercado de financiación de España es restringido. Comparando la normativa con la de los Estados Unidos, el Reino. Unido, Francia y China, el mercado español de crowdfunding está, por un lado, regulado de forma demasiado estricta, lo que impide que un gran número de plataformas realicen negocios de Intermediación; por otro lado, la supervisión no es eficiente, lo que hace que la protección de los intereses de los inversores sea también insuficiente. En 2020, la Unión Europea publicó el Reglamento 2020/1503 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y su aplicación en los próximos años seguramente presionará aún más el mercado nacional existente, mientras que tecnologías como Blockchain y bitcoin también afectarán al desarrollo del crowdfunding debido a su característica descentralizada.
Por lo tanto, para aprovechar la tendencia de desarrollo futuro del crowdfunding, se debe cambiar el modo regulatorio rígido: fortalecer la autogestión de las plataformas; hacer uso de las asociaciones para dar soporte a la certificación, la supervisión y la formación de las plataformas, mientras que la autoridad pública puede centrarse en la promoción de las actividades de crowdfunding, mediante la supervisión de las asociaciones y la emisión de orientación; y además, aprovechar la tecnología Blockchain en el futuro para mejorar la transparencia y el proceso de verificación de la información, así como garantizar el cumplimiento del contrato; y, por último, consolidar la educación en materia de la inversión y el riesgo para los inversores, establecer un mecanismo completo de confianza mutua, prestar atención a la protección de los derechos de los pequeños inversores en los proyectos de crowdfunding de capital, entre otros derechos de los inversores y del promotor del proyecto.
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