La mediación es una práctica profesional que lleva muchos años vigente en nuestro entorno. Las experiencias públicas de mediación han demostrado ser una opción única para la ciudadanía de las sociedades democráticas en la gestión de sus conflictos, cuyos beneficios abarcan desde la economía procesal hasta la horizontalización de la democracia. Como ciudadanos tenemos que asumir que la mayoría de los conflictos que surgen entre nosotros son inevitables, pero que la gestión y resolución de estos pueden ser muy diferentes. Una buena gestión del conflicto no lo hace desaparecer, pero puede evitar las consecuencias más negativas que este provoca en nuestras vidas. Cuando la mediación deviene política pública se hace universal e implica el ejercicio del derecho a hablar y a ser escuchado, así como a negociar bajo parámetros de atención, confianza y seguridad para los involucrados. Y, a la vez, desde la administración pública se transmite y se apoya la idea de la capacidad ciudadana para la gestión de sus diferencias, sin la injerencia paternalista del poder público.
La finalidad de esta tesis es proponer una política pública para Catalunya estableciendo las líneas, objetivos y programas de intervención para que la mediación, como vía eficaz de resolución de conflictos, sea una realidad para toda la ciudadanía. Para hacerlo, esta tesis se divide en tres partes: Se comienza el trabajo con una profunda reflexión sobre el concepto de política pública y relacionándolo con la mediación y la resolución de conflictos. Posteriormente, en la segunda parte del trabajo se hace una exposición detallada del proyecto que el doctorando llevó a cabo por encargo de EUROsociAL +, la Agencia de Cooperación Europea con Latinoamérica, consistente en una asistencia técnica de apoyo a la implantación de un programa de gestión y promoción de iniciativas de resolución de conflictos locales enmarcada dentro de la reforma procesal civil de Chile. Finalmente, se da el salto a Catalunya y, con todo lo aprendido en el proyecto chileno, se establecen las bases para la creación de una nueva política pública en materia de mediación, proponiendo así un escenario posible y realista para que esta comunidad autónoma vuelva a ser pionera en el desarrollo e innovación de la mediación.
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